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La escuela de música de San Andrés del Rabanedo aún no ha comenzado las clases y los vecinos y vecinas que acuden a la misma no reciben ninguna información sobre el inicio de las clases. El año lectivo debería comenzar en septiembre para garantizar cubrir los objetivos del mismo y es obvio que, cuando más tarde empiecen, menores posibilidades de mejora y aprendizaje tendrá el alumnado.

Escuela de Música San Andrés

Escuela de Música San Andrés

IU de San Andrés exige al equipo de gobierno que informe a la ciudadanía y especialmente a los usuarios y usuarias de la escuela municipal de música cuándo se van a iniciar las clases y que éstas se inicien lo antes posible para cumplir con el calendario escolar.

La escuela de música Ángel Barja de San Andrés del Rabanedo es un servicio muy valorado por el municipio. Las familias que utilizan la escuela y los propios profesionales que trabajan en la misma han defendido el mantenimiento y buen funcionamiento de esta escuela en nuestro municipio.

Ya comenzado el curso escolar y en pleno mes de octubre deberían haber empezado ya las clases de un servicio público como es la Escuela de Música. La regularidad y la constancia es una de las características que definen la buena educación, pero especialmente la educación musical. Para el alumnado es importante poder empezar a tocar su instrumento a la mayor brevedad, ya que hacerlo genera una dinámica de trabajo y motivación que ayuda a los mismos a continuar con la música.

No podemos tener a niños y niñas de nuestro municipio al albur de decisiones volubles de equipos de gobierno que se olvidan o menosprecian los servicios públicos de nuestro municipio. Pues mucho nos tememos desde IU de San Andrés que el PP esté retrasando el comienzo de la actividad de la Escuela Municipal de Música en el mes de septiembre, como corresponde, por la falta de previsión del equipo de gobierno en la contratación del profesorado, pues todavía hoy se publica un anuncio con la oferta de plazas para profesorado de dicha escuela.

No es de recibo que muchos alumnos y alumnas estén aún sin poder asistir a las clases por esta falta de previsión por parte del Ayuntamiento. No se pueden poner excusas en la gestión de los servicios municipales, pues el año lectivo debería comenzar en septiembre para garantizar cubrir los objetivos del mismo y es obvio que, cuando más tarde empiecen, menores posibilidades de mejora y aprendizaje tendrá el alumnado.

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo denuncia que el PP y el PSOE de San Andrés quieren convertir las bibliotecas públicas en un negocio al servicio del mercado. El PSOE de San Andrés ha conseguido, con la activa abstención del PP, que se apruebe una moción para que los vecinos y vecinas de San Andrés paguen a través de los impuestos un canon por el uso de las bibliotecas públicas, apoyando el canon que impuso por Ley su partido en 2007

En lugar de defender una cultura lo más libremente accesible por parte de la ciudadanía, el PSOE y el PP quieren que tengamos que pagar, con los impuestos de todos, un importe a entidades privadas y grandes editoriales cada vez que un ciudadano o ciudadana tome un libro en préstamo. Por eso Izquierda Unida de San Andrés se opone a este enfoque mercantil de la cultura y apoya la denuncia de los propios escritores y escritoras que se han opuesto afirmando: “nos negamos a servir de coartada a esta nueva maniobra de mercantilización de la cultura, y exigimos que no se cobre canon alguno por el préstamo de nuestros libros”.

Las bibliotecas municipales -el 96 % de todas las bibliotecas de nuestro país- son el primer eslabón para el desarrollo de las políticas culturales públicas, puerta abierta al conocimiento, al libre pensamiento y a la cultura, constituyen un requisito básico de la educación permanente, el progreso cultural de la persona y los grupos sociales y han garantizado el acceso libre y gratuito de los/as ciudadanos/as a la información y a la lectura.

Aunque este canon, en un principio, no lo paguemos directamente los/as usuarios/as, terminará repercutiendo en ellos/as a través de los presupuestos, tanto en los gastos como por la exigencia de búsqueda de nuevos ingresos, con el pago directo de esta nueva tasa, con peores servicios y una reducción en la inversión en fondos bibliográficos, porque implica que la biblioteca que más libros preste tendrá un canon mayor y por tanto la reducción en su presupuesto para incorporar nuevos libros o ampliar su colección.

Escritores como Luis Mateo Díez han manifestado su oposición a este canon bibliotecario. Mateo Díez dice que “no me gustaría percibir dinero porque alguien leyera un libro mío en la biblioteca”. Por eso, Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo se suma a la denuncia, contra estas medidas privatizadoras del bipartidismo del PP-PSOE, que ya han denunciado numerosos escritores y escritoras, explicando que las bibliotecas prestan un servicio público básico; que es sencillamente inadmisible que se les imponga pagar por cada préstamo efectuado, y que “no vamos a permitir que se haga en nuestro nombre”, cuando los verdaderos beneficiarios de esta medida serían las grandes editoriales y las entidades gestoras de (supuestamente) los derechos de los autores.

El 1 de agosto de 2014 el PP impuso el Real Decreto que desarrolla la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas de 2007 del PSOE, que respondía a la presión de lobbies privados de gestión de derechos. Consideran estas normas que los servicios bibliotecarios públicos restan ingresos a los autores. Una imposición legal que confunde derechos con intereses ya que es una barbaridad decir que las bibliotecas perjudican económicamente a los autores, cuando hacen difusión de los mismos.

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo exige la derogación de ese real decreto injusto, inadecuado, arbitrario, antisocial, erróneo y absurdo y sustituirlo por un sistema justo que beneficie conjuntamente a los autores y a las bibliotecas que difunden sus obras. Porque el canon es un atentado más a la Cultura y a la Educación, al que numerosos colectivos de bibliotecarios/as, usuarios/as y reconocidos/as escritores/as se están oponiendo y que supone la culminación de una constante persecución a las bibliotecas públicas que lleva años en marcha, primero con reducciones de presupuesto, precarización de las condiciones de trabajo de bibliotecarios/as y siempre con el objetivo final no declarado de privatizar estos servicios y desentenderse de la gestión y desarrollo de las bibliotecas públicas.

aytoIU de San Andrés del Rabanedo exigirá al Alcalde, Gregorio Chamorro, que dimita por su manifiesta incompetencia como edil del tercer Ayuntamiento de la provincia. El manifiesto encubrimiento de las deudas de una concejala de su equipo con las cuentas municipales; la incapacidad manifiesta de gobernar democráticamente, aprobando de forma irregular el plan de ajuste al margen del pleno municipal, hecho que ha acabado en fiscalía; su dejadez manifiesta en no convocar un pleno para elevar a la Junta de CyL las alegaciones a los mapas de ordenación del territorio que tanto afecta al municipio y que sólo tienen capacidad de elevarlas los plenos; el perder un Curso de Verano con la Universidad de León tras doce años de celebrarse en nuestro municipio; el injusto despido que ha hecho de trabajadores, quienes han recurrido legalmente y han ganado los juicios; el no haber sido capaz de aprobar unos presupuestos tras tres años en el gobierno. Sobran razones para decirle “váyase ya, sr. Alcalde”.

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo considera que hay razones más que suficientes para pedir al Alcalde de San Andrés del Rabanedo, D. Gregorio Chamorro, que “se vaya”. Su manifiesta incapacidad de gestión y su nula y escasa competencia por desempeñar un cargo de gobierno como el que se le ha otorgado se viene poniendo de manifiesto de una forma patente y escandalosa ya en los últimos meses. El problema es que las consecuencias de la mala gestión del PSOE que nos ha llevado a la deuda escandalosa que tenemos y la peor gestión del PP actualmente, están arruinando este Ayuntamiento y lo tenemos que pagar entre todos y todas las vecinas.

Cómo es posible que el Ayuntamiento de San Andrés haya seguido pagando la asistencia a Plenos y Comisiones a una Concejala del equipo de gobierno cuando tenía deudas con el municipio. Cualquier vecino que tiene que cobrar una cantidad por un trabajo hecho al Ayuntamiento, si tiene deudas, Intervención le retiene automáticamente las retribuciones que se le tienen que pagar hasta completar la deuda. Por lo tanto, sólo es explicable esta situación si ha habido complicidad por parte del Alcalde, Gregorio Chamorro. Estos hechos conocidos por el equipo de gobierno suponen, por tanto, el apoyo y la connivencia al menos del responsable de nuestro Ayuntamiento, el Alcalde, para mantener esta situación. Por eso Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo denunciamos en su día que tan responsable como ella es el jefe de filas de su partido, el Sr. Chamorro, que parece haberla amparado hasta ahora. Y apoyaremos la petición de dimisión en el próximo Pleno Municipal del Ayuntamiento el jueves día 25 de septiembre.

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo considera que es todavía más vergonzoso que el Alcalde de San Andrés del Rabanedo, Gregorio Chamorro, no haya querido celebrar un pleno para debatir públicamente, con trasparencia y ante la ciudadanía, el diseño del mapa del área funcional de León y San Andrés y de los municipios aledaños y que se va a denominar “León”. Estos mapas estaban sujetos a alegaciones solo por los plenos de los Ayuntamientos hasta el 11 de septiembre. Pero el alcalde no ha querido celebrar ese pleno. Y pediremos por ello su dimisión en el próximo Pleno Municipal del Ayuntamiento el jueves día 25 de septiembre.

La Fiscalía Provincial de León ha abierto “diligencias de investigación penal” por aprobar en solitario el plan de ajuste en junta de gobierno, a espaldas de la ciudadanía, y no en el pleno municipal debatiéndolo con todos los representantes de la ciudadanía, como se debería hacer en democracia. Un plan de ajuste que aumentara el pago de intereses. Acabar en fiscalía por medidas antidemocráticas confirma su incompetencia en la gestión pública y democrática acorde con un Estado de derecho. Y pediremos por ello su dimisión en el próximo Pleno Municipal del Ayuntamiento el jueves día 25 de septiembre.

Perder el histórico Curso de Verano de Derechos Humanos que el Ayuntamiento tiene en colaboración con la Universidad de León y que el Pleno Municipal aprobó en su día, por no querer buscar una alternativa al alto número de alumnos y alumnas, no significa solo dar una imagen pública de gobierno del Ayuntamiento como intolerante y de censura ideológica, sino que ha supuesto la pérdida de ingresos para el pequeño comercio y de restauración de más de 350 personas durante todo un fin de semana en un municipio. Así como de incapacidad de saber aprovechar la publicidad que habría aportado, al conocimiento de nuestro Ayuntamiento, el tener a figuras de prestigio nacional tan conocidas como ponentes en dicho Curso de Verano que se imparte este fin de semana en el campus de la ULE. Y pediremos por ello su dimisión en el próximo Pleno Municipal del Ayuntamiento el jueves día 25 de septiembre.

El injusto e ilegal despido de trabajadores que tendrían que haber sido subrogados por el Ayuntamiento y que por la mala gestión y falta de capacidad de negociación del Alcalde han tenido que ir a juicio contra el Ayuntamiento para reivindicar sus derechos. Esto nos da justa cuenta del desastre de gestión que supone tener a este Alcalde. Y pediremos por ello su dimisión en el próximo Pleno Municipal del Ayuntamiento el jueves día 25 de septiembre.

La incompetencia en materia presupuestaria del Sr. Alcalde, cuando casi a punto de expirar su actual mandato, ha sido incapaz, en cuarenta meses de presentar un solo presupuesto. Una incompetencia que afecta a la transparencia en las cuentas municipales y a la propia legalidad presupuestaria, puesto que la ley vigente solo permite una prórroga de los presupuestos. Pero en el Ayuntamiento de San Andrés seguimos con el presupuesto de hace cinco ejercicios. Y pediremos por ello su dimisión en el próximo Pleno Municipal del Ayuntamiento el jueves día 25 de septiembre.

Por eso Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo considera que hay razones suficientes para decirle al Sr. Alcalde “váyase ya”.

IU de San Andrés del Rabanedo ha defendido en la Comisión de urbanismo y llevará al Pleno una moción para que se haga un plan de movilidad sostenible integral con carriles bicis en San Andrés del Rabanedo. IU considera que la concienciación por una movilidad sostenible está muy bien pero es completamente insuficiente cuando no hay un solo metro de carril bici en nuestro municipio. El próximo sábado 20 de septiembre la marcha cicloturista en conmemoración del día de la bici que el Ayuntamiento ha programado parece una broma de mal gusto cuando las políticas reales y las decisiones del PP en nuestro municipio van completamente en contra de crear carriles bicis y un municipio realmente sostenible.

En la ‘Semana Europea de la Movilidad’ IU de San Andrés del Rabanedo propone que nuestro municipio tome una opción clara por un modelo de ciudad sostenible donde se exija al PP en el gobierno que los fondos para la movilidad sostenible no se destinen a incentivar la compra de automóviles, se disminuyan los niveles de contaminación que superan los límites legales y se evite que los servicios de transporte público se encarezcan y empeoren.

Por eso IU de San Andrés del Rabanedo ha presentado una moción para su aprobación en el próximo Pleno para que se potencie un transporte sostenible, implantando medidas que fomenten usos alternativos al coche como la construcción de más zonas peatonales y carriles-bici, la reducción de los precios del transporte público o el revocamiento de la circulación de los coches en el casco urbano de las ciudades.

Un plan de movilidad sostenible en San Andrés del Rabanedo supone beneficios en el plano económico, ambiental y social. La mejora de la eficiencia de los desplazamientos urbanos ahorraría importantes recursos económicos. Y se ahorraría también en inversiones en construcción y mantenimiento de infraestructuras destinadas al tráfico.

De ahí que Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo exija en esta moción que cualquier nuevo trazado urbanístico en el municipio deba conllevar la incorporación de carriles-bici en los viales de nueva creación. Por ello demandará que todas las modificaciones del PGOU de nuestro municipio incorporen carril-bici, una propuesta básica que IU presentó en su programa municipal.

La movilidad en bicicleta es eficiente, ocupa poco espacio, no hace ruido, no contamina y es saludable. Un enfoque de verdadera movilidad sostenible en nuestro municipio exige avanzar más allá del uso lúdico y deportivo de las bicicletas, hacia una red de carriles bici funcionales que permitan acceder a los destinos más demandados por la población de nuestro municipio (Universidad, Hospitales, centros de trabajo, estaciones de transporte público,…), conectando los núcleos urbanos del ayuntamiento entre sí y estos con el centro, especialmente en momentos como los actuales con el creciente encarecimiento del precio de los combustibles y el agotamiento de este recurso natural en todo el planeta.

Actualmente no hay ni un solo metro de carril-bici en el propio Municipio, uniendo los principales núcleos de población, ni que una nuestro municipio con León y su Alfoz. No se incluyó ningún carril bici en las polémicas remodelaciones del parque de Trobajo del Camino o del parque Gran Capitán, tras gastar más de cuatro millones de euros. Tampoco en la apertura del vial de la calle Dulcinea y la ampliación de la calle Antonio Vázquez Fernández, que une la glorieta Donantes de Sangre con la Avda. Párroco Pablo Díez. Ahora no se incluye en la unidad de actuación SUNC-13, en el entorno del Punto Limpio. Si no se hace en el momento de las modificaciones de los viales, supone un doble coste económico, ya que exige una segunda reforma de una calle recién estrenada para hacer el carril bici. Todo esto indica el escaso interés que demuestra este equipo de gobierno del Ayuntamiento por esta forma de movilidad que se está imponiendo en todas las ciudades.

El carril-bici completa y apoya el uso del transporte urbano público, que es fundamental que este Ayuntamiento mantenga y mejore, para crear una ciudad realmente con movilidad sostenible y que de respuesta a las demandas y necesidades de la ciudadanía.

La asamblea de Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo pide la inmediata dimisión de la Concejala de Educación del PP que adeuda más de 8.000 euros al propio Ayuntamiento por el impago de impuestos y multas de tráfico. Exige igualmente que si la Concejala no dimite por voluntad propia, el Alcalde Gregorio Chamorro la aparte del equipo de gobierno.

Todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales ante la ley. No puede ser que la Concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, María Teresa Lage, no pague el IBI, ni el impuesto sobre las basuras, ni las multas que tramita la Policía Local, acumulando una deuda de más de 8.000 euros y que siga representando a la ciudadanía que la ha votado como servidora pública para defender los intereses y el bien común de todos. Porque parece que lo que está haciendo es aprovecharse de su cargo para defender los suyos propios y no pagar los impuestos colectivos.

Cómo es posible que el Ayuntamiento de San Andrés haya seguido pagando la asistencia a Plenos y Comisiones durante más de tres años a esta Concejala cuando dicha Concejala tenía deudas con el municipio. Cualquier vecino que tiene que cobrar una cantidad por un trabajo hecho al Ayuntamiento, si tiene deudas, Intervención le retiene automáticamente las retribuciones que se le tienen que pagar hasta completar la deuda. Por lo tanto, sólo es explicable esta situación si ha habido complicidad por parte del Alcalde, Gregorio Chamorro. Porque si el Ayuntamiento también ha recibido una orden de embargo sobre las retribuciones de la concejala popular de un Juzgado de la capital por haber adquirido un vehículo descapotable, parece que la responsabilidad excede ya a la Concejala y supone el apoyo o la connivencia al menos del responsable de nuestro Ayuntamiento, el Alcalde.

Por eso denunciamos que tan responsable como ella es el jefe de filas de su partido, el Sr. Chamorro, que parece haberla amparado hasta ahora. Sólo ahora que ha saltado a la luz pública, el Alcalde afirma que será embargada como sucede con cualquier ciudadano.

La regeneración democrática que debe poner en marcha el PP en nuestro Ayuntamiento no es blindarse ante las próximas elecciones mediante un pucherazo electoral, sino limpiar sus propias filas en vez de encubrir estos comportamientos de los miembros de su equipo de gobierno que salpican de sospechas la gestión del PP en nuestro Ayuntamiento.

Por eso la Asamblea de Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo pide la inmediata dimisión de la Concejala, además de que se proceda administrativamente con ella como con cualquier vecino y vecina.

IU de San Andrés del Rabanedo organiza este jueves 18 de septiembre a las 19,30 una conferencia-debate en torno a las repercusiones del Tratado de Libre Comercio de la UE con EEUU, el plan secreto para dar entrada a EEUU en el negocio de los servicios públicos de Europa y cómo el futuro de los derechos sociales, educación, sanidad y pensiones, están en riesgo. Con la participación del Profesora de la Universidad Nacional de Colombia, D. Pedro Agustín Díaz Arenas, se analizarán las consecuencias de estos tratados en la vida cotidiana en la nueva sede de IU en la calle Párroco Pablo Díez 41 de Trobajo del Camino, porque el TTIP va a cambiarnos la vida a todos los europeos.

La Comisión Europa y Estados Unidos negocian, a espaldas de sus ciudadanos, uno de los ajustes legislativos que más influirán en la vida de los europeos en las próximas décadas. Se trata del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, conocido por sus siglas en inglés TTIP. Ni los parlamentos nacionales o el Parlamento Europeo, ni siquiera los gobiernos de los Estados miembros de la UE están informados de los detalles de los textos de negociación, pero los escasos datos que se han filtrado generan una gran preocupación.

Las normas que están preparando afectarían a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Modificarían y condicionarían negativamente un gran porcentaje de leyes europeas, nacionales e –incluso- locales, avasallando los –ya de por sí muy maltratados- derechos humanos universales, como la educación, la sanidad o las pensiones. Dicho tratado no tendría un carácter realmente comercial, dado que los aranceles entre la UE y los EEUU ya son generalmente muy bajos (menos del 5%), sino que tiene que ver sobre todo con la desregulación, liberalizando-privatizando los servicios públicos, con la “protección” de las inversiones de las multinacionales y el fortalecimiento de la impunidad de las empresas con la que vulneran los derechos de las personas. Se pretende así eliminar “obstáculos burocráticos innecesarios” para facilitar el acceso a los mercados a las grandes corporaciones de ambas orillas del Atlántico y para ayudar a las multinacionales a incrementar sus beneficios económicos. Se trataría de adaptar los estándares laborales, ambientales y de salud para las personas a las necesidades corporativas, homogeneizando (a la baja) la regulación relativa a la circulación de bienes y servicios, poniendo en grave riesgo los derechos laborales, sociales, como consumidores, como ciudadanos y poniendo en grave peligro el medio ambiente y la seguridad alimentaria.

El problema no es eliminar las barreras arancelarias entre EEUU y la UE, sino que para hacerlo ambas partes deben rebajar sus niveles de protección social, laboral, alimentaria, medioambiental, para así dejar vía libre a las grandes multinacionales. Básicamente, la intención de EE.UU. y de la UE es la de otorgar un mayor poder aún a los intereses de empresas multinacionales con el único fin de garantizar sus inversiones y multiplicar sus ingresos. De hecho, los ‘lobbies’ han dominado el 92% de las reuniones preparatorias de la alianza comercial UE-EEUU, y solo el 4% se hicieron con representantes de los intereses públicos.

Desde los sindicatos europeos de servicio público se subraya que esta apertura a negociar este tipo de prestaciones atentará contra la calidad de los servicios y el empleo. Es una "alerta a todas las mareas españolas. Es una megaamenaza a la calidad de los servicios públicos". Las consecuencias en nuestras vidas, que tanto tratan de ocultar, sería una ola de privatizaciones de los servicios públicos, pues se trata de convertir lo público en un negocio privado, fuente de beneficios para estas grandes empresas transnacionales. Saneamiento de aguas, servicio de correos, sanidad, educación, pensiones acabarían en manos de multinacionales, desmontando el Estado de Bienestar.

Más trabajo precario y menos derechos laborales. Desaparecerán entre 400.000 y un millón de empleos en Europa, y los que se creen serán en peores condiciones. Precarios, temporales y con condiciones salariales mucho menores.

Igualmente, parece confirmarse a la luz de los documentos filtrados que la UE estaría dispuesta a adoptar el camino de la desregulación de las normas alimentarias y de seguridad para entregar un cheque en blanco a los grandes poderes empresariales. La liberalización de los mercados es especialmente sensible en lo referente a la seguridad alimentaria. La entrada de productos transgénicos o de otros bienes de consumo que en EEUU se comercializan bajo leyes más permisivas, levantan sospechas, puesto que aquí las leyes son más proteccionistas con la salud del consumidor.

Organizaciones sociales y ecologistas ponen ejemplos concretos de lo que podría suceder de prosperar un Tratado como el que se pretende. Recuerdan que en la UE está prohibido el uso de 1.300 sustancias en productos cosméticos mientras que en EE.UU. sólo se prohíben 11 de ellas. Ejemplos como el mencionado evidencian que el objetivo que se pretende es simplemente la desregulación total, que tendría un efecto arrastre muy peligroso: la desprotección absoluta de los ciudadanos.

El TTIP es una herramienta para cambiar profundamente las formas de legislar y crearía un sistema legal superior que permitiría hacer valer los “super-derechos” de las grandes multinacionales, subordinando leyes nacionales y locales a los beneficios privados. La intención de las multinacionales de bloquear y proteger sus inversiones, de modo que puedan demandar a los estados en los que se han asentado si consideran que sus beneficios económicos o sus perspectivas de ganancias futuras se han visto afectados por normas o políticas que se hayan podido aprobar, es como poner a los estados a los pies de los caballos. Si una empresa obtiene el `sí´ de un país para extraer gas en su suelo a través de la técnica del fracking, altamente contaminante, y posteriormente el Estado decide prohibir esa práctica, la empresa podría denunciar al país ante un organismo al margen que crearía el Tratado. Lo cual supone una auténtica cesión de soberanía por parte de los gobiernos cuyo poder de decisión queda mermado al adaptar las legislaciones a los intereses de las grandes empresas multinacionales.

Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la UE dieron comienzo en julio de 2013 con la intención de que se pueda aplicar en el año 2016. Su contenido parece reducirse a la eliminación de barreras normativas y económicas en las relaciones comerciales con el único propósito de aumentar los beneficios económicos, sin importar en demasía los derechos y el nivel de protección de la ciudadanía con tal de que el dinero fluya en las arcas de las multinacionales y entidades financieras.

Aunque este Acuerdo comercial tenga que ser aprobado por el Parlamento Europeo, la ciudadanía del Estado español no podrá pronunciarse sobre un Tratado de tanta envergadura que se está negociando bajo un secretismo escandaloso, sin transparencia y al margen de la opinión pública.

El borrador secreto lo conocemos sólo por filtraciones. La carátula del encabezado deja claro que es un documento secreto ya que las negociaciones se han clasificado como confidenciales en Europa y Estados Unidos. Aunque formalmente esta ronda de negociaciones comenzó en 2013, lleva décadas gestándose con sucesivos acuerdos y grupos de trabajo que se han formado en la UE y EEUU.

En definitiva, este tipo de tratados suponen consolidar las peores herencias de las transformaciones neoliberales de las últimas décadas en Europa. En términos de una estructura productiva vinculada a la exportación de materias primas; en términos de desindustrialización y perdida de conquistas laborales; en términos de concentración de la propiedad y destrucción de la economía agrícola; y en términos de profundizar la dependencia. Es un proyecto político, ideológico y social que supera el ámbito de la economía.

Este Tratado no está diseñado para garantizar una vida digna a la ciudadanía, sino para proteger los beneficios de las grandes corporaciones y sus inversores. Que si lo aceptamos serán quienes decidan sobre nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales y nuestra alimentación. Estos tratados implican profundizar la lógica de saqueo, la concentración y subordinación al mercado mundial y la lógica de las trasnacionales.

IU de San Andrés del Rabanedo ha registrado por escrito, antes de que acabar el plazo el día 11 de septiembre, diez alegaciones a la propuesta de la Junta de Castilla y León del mapa de una unidad básica de servicios entre León y San Andrés y el área funcional estable.

Parece que el bipartidismo PP-PSOE quieren que, en pleno periodo previo electoral, pase lo más calladamente posible esta componenda que han diseñado con la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Pero para izquierda Unida de San Andrés éste no es un tema menor y por ello se han presentado alegaciones a este mapa que crea una sola unidad básica de servicios entre León y San Andrés, que con los municipios aledaños se va a denominar “León”.

Ésta es la primera alegación que se ha hecho, a la “denominación de origen” de las áreas funcionales. Ya que consideramos que no debe darse una denominación que invisibilice al resto de los municipios. La pérdida de denominación conlleva no sólo una mayor centralidad, y que las poblaciones pequeñas se conviertan en periféricas, como ya ha denunciado IU, sino que supone una pérdida de la herencia colectiva de denominación propia, de carga histórica propia, de raíces culturales y sociales compartidas.

La segunda alegación es a la ubicación de los servicios. Se pide que se especifique cómo van a quedar los servicios en esta nueva ordenación del Territorio. Sobre este nuevo mapa territorial se van a planificar servicios. Se requiere que, antes de aprobar a ciegas un “cheque en blanco”, la Junta de Castilla y León especifique y detalle dónde van a establecerse los servicios para que los municipios que forman parte de este Área puedan tomar decisiones informadas sobre las consecuencias de las mismas. Tanto para los ciudadanos y ciudadanas como para los trabajadores y trabajadoras de esos servicios. Porque en el actual mapa no se clarifica cómo van a quedar las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, qué servicios se prevén y dónde se van a instalar físicamente: dónde van a instalar los servicios sociales, dónde se van a instalar los servicios educativos obligatorios, dónde los servicios sanitarios. Porque mucho nos tememos que lo están dejando al futuro reparto y negociación caciquil entre el bipartidismo, dado que se aseguran controlar los órganos de gestión de este nuevo mapa territorial con esta normativa.

La tercera alegación plantea que estas Áreas Funcionales no sean una excusa para recortar los servicios públicos. Ya que en la planificación se plantea que, por cada UBSOT corresponde una sola zona básica de salud. León y San Andrés constituirán una sola UBSOT Urbana. Y pretenden que haya una zona de Acción Social para entre 1-3 UBOST. Pero solo en San Andrés hay 2 zonas de servicios sociales, y eso sin contar León. Lo que está claro es que toda la propuesta es poco clara y transparente y se deben dar muchas más explicaciones y concretar cómo va a afectar toda esta nueva planificación tanto a los ciudadanos y ciudadanas, usuarias de los servicios, así como a los trabajadores y trabajadoras de los servicios, antes de aprobar ningún “cheque en blanco” y a ciegas.

La cuarta alegación exige que se publiquen y den a conocer todas las áreas funcionales de toda la provincia y no sólo la de León y Ponferrada como sucede actualmente.

La quinta alegación exige que se diseñe una organización y gestión democrática en los órganos de decisión y control ya que lo que se ha hecho con este ley es blindar el bipartismo en los órganos de gobierno de las Mancomunidades, estableciendo que en ellos estén los representantes designados uno a propuesta del grupo político que ostente la alcaldía, y el segundo a propuesta del grupo político en la oposición que haya obtenido más votos en las últimas elecciones locales o, de no existir, del grupo político que ostente la alcaldía. Es decir, blanco y en botella.

La sexta alegación advierte para que estas Áreas Funcionales no sean una excusa para privatizar los servicios públicos. Porque la privatización de los servicios públicos a grandes empresas, no sólo se concluye de los términos mercantiles utilizados en la normativa (economía de escala, suficiencia financiera, costes efectivos, etc.), sino del diseño funcional de las mismas puesto que esta normativa lo que facilita es que una sola empresa concentre y monopolice a gran escala los servicios de toda la provincia.

De ahí que la séptima alegación exija que si se crean Consorcios de prestación de servicios públicos, éstos sean de titularidad y gestión pública evitando cualquier posible privatización.

La octava alegación pide que se clarifique cómo van a quedar las entidades Menores y sus patrimonios (bienes comunales, etc.) en el caso de que se fusiones dos municipios.

La novena plantea que se concrete de forma clara y minuciosa cómo se va a garantizar el principio rector de “garantizar la igualdad de toda la ciudadanía en el acceso a la prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral de las zonas rurales, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes”

Y todas estas alegaciones se cierran en la última, la décima, que propone que la aprobación definitiva de estos mapas en su conjunto sean sometidos a referéndum popular. Así como el compromiso que cualquier fusión de ayuntamientos que también debe hacerse con referéndum popular. Son decisiones de tal trascendencia para el futuro de los municipios y de la población que se debe contar con su participación directa de la ciudadanía mediante referéndum.

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