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Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo se ha opuesto, en el Pleno de Octubre, a la aprobación de facturas de «dudosa legalidad» que han aparecido en los cajones de los despachos del Ayuntamiento, según declaraciones del propio equipo de gobierno, que sí las ha aprobado.

Izquierda Unida considera que estas facturas de «dudosa legalidad», que se han ido acumulando desde el año 2002 hasta el 2011, es una deuda “ilegítima” que los vecinos y vecinas no tenemos por qué pagar, pues presentan numerosas irregularidades, tienen reparos del servicio técnico de intervención del Ayuntamiento y, en muchos casos, no se corresponden con ningún contrato como afirma el propio equipo de gobierno.

Izquierda Unida se niega a asumir esta deuda ilegítima a costa de las arcas municipales, obligándonos a pagar por “facturas fantasmas” que parecen surgir de un cajón sin fondo y por facturas irregulares que parecen dispendios no justificables en una gestión responsable de un municipio. Izquierda Unida se pregunta si respondía a una auténtica necesidad pagar 6.000 euros al mes por abrir una hora antes las piscinas del centro de ocio de Trobajo. Si era una necesidad pagar en el 2003 un publirreportaje de 7.000 euros y que aún se debía en el 2012. No parece aceptable que pasar una proyección de un documental cueste 2.900 euros…

Desde IU nos preguntamos cómo es posible que haya este tipo de facturas desde el año 2002, casi una década, sin pagar y no se hayan devuelto a las empresas, o facturas que no aún no estén conformadas legalmente, o que presenten irregularidades y que se mantuvieran en los cajones del Ayuntamiento.

Deuda legítima es la que se contrae desde los poderes públicos por interés general, de toda la población para crear infraestructuras necesarias en sanidad, educación y servicios para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la deuda “odiosa” o “ilegítima” se refiere en Derecho a aquella deuda originada por una administración que no tiene que ser pagada si ha sido contraída, creada y empleada contra los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas, y que sólo ha servido al interés de unos pocos. Este parece ser el caso de algunas de estas “facturas fantasma”.

Esta deuda “ilegítima” no debe recaer en los ciudadanos y ciudadanas. Pero con la aplicación en nuestro Ayuntamiento del decreto Montoro del PP, denominado “Plan de Ajuste”, se nos ha obligado a que se paguen todas las deudas con cargo al crédito ICO para el pago a proveedores. Una vez así pagada, con nocturnidad y alevosía, a costa de los impuestos de todos y todas, ahora se pasa a su aprobación a Pleno.

IU está completamente a favor de que se paguen las deudas legítimas con los proveedores, pero no se puede meter en el mismo saco facturas totalmente legales con aquellas que se encuentran en cajones y presentan numerosas irregularidades y no se sabe muy bien a qué intereses responden. La mala gestión del gobierno anterior en este Ayuntamiento es claramente escandalosa y lo sufrimos todos los vecinos y vecinas con la deuda que ahora nos hipoteca y se usa como excusa para recortar servicios y subir tasas, tras el pacto entre PP y PSOE para modificar la Constitución y obligar a pagar las deudas antes que la educación, la sanidad o los servicios sociales públicos.

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