Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, muchas familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, ni siquiera el pago de la hipoteca para mantener la vivienda en la que viven.

La ejecución hipotecaria por impago del crédito hipotecario provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y además una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está sucediendo en el 90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamista puede adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación. Así no sólo se quedan con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir la hipoteca, sino que además una buena parte de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda), incrementada por cuantiosos gastos judiciales y honorarios profesionales. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

Como resultado de todo ello a las personas deudoras se les embargan por parte de los bancos bienes e ingresos presentes y futuros hasta saldar la totalidad de la deuda. La legislación que permite todo lo anterior es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Además era muy desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios con los bancos. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que comercializaron los bancos la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones bancarias de las viviendas y al lenguaje utilizado por los bancos de difícil comprensión utilizado en los contratos. Ahora miles de personas descubren que cualquier impago, por pequeño que sea, puede suponer el vencimiento anticipado de todo lo adeudado, y que esos contratos hipotecarios contenían numerosas cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo-techo, o de los intereses moratorios que oscilan entre el 18 y 20%.

Esta es una situación abusiva que, aunque depende básicamente de una normativa de competencia estatal, sus efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

Por todo ello, Izquierda Unida pide que el Ayuntamiento San Andrés del Rabanedo cierre las cuentas que mantiene con cualquier banco que ejecute desahucios a vecinos y vecinas de este municipio, ayudando así, en la medida de lo posible, desde el ámbito municipal, a evitar los cada vez más frecuentes desahucios por parte de entidades bancarias a familias que a causa de la crisis quedan en la calle al no poder pagar la vivienda en la que residían.

Previamente a ello, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo deberá informar por carta a las entidades financieras en las que el Ayuntamiento tiene cuenta de que cancelará las cuentas en caso de que alguna de ellas llegase a aplicar un desahucio a un vecino o vecina del municipio.

Esta misma medida fue adoptada de forma exitosa por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, lo cual permitió que una desahuciada de Tenerife lograse un alquiler social de Bankia tras cinco días en huelga de hambre, tras comunicar que retiraría los fondos que tenía depositado en la entidad, que finalmente aceptó que la mujer siguiese residiendo en su casa pagando un “un alquiler social en ventajosas condiciones”.

De hecho esta propuesta se está adoptando por parte de otros Ayuntamientos por toda la geografía nacional con el fin de ayudar así, en la medida de lo posible, a evitar los cada vez más frecuentes desahucios por parte de entidades bancarias a familias que a causa de la crisis quedan en la calle al no poder pagar la vivienda en la que residían.

Desde IU animamos a hacer lo mismo al resto de los Ayuntamientos de la Provincia de León, cada uno en su municipio y, de esta forma, conseguir que las entidades bancarias se abstengan de aplicar desahucios que en los últimos meses han estado detrás de varios suicidios en nuestro país.

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