Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

IU ha presentado una moción para pedir que el Ayuntamiento se posicione en la grave problemática que afecta a ya casi 465.000 familias en todo el estado: la injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda, con una condena financiera de por vida, pidiendo que el Ayuntamiento se declare “municipio libre de desahucios” y proponiendo cinco medidas concretas a nivel municipal para ello.

Dado que el real decreto Ley llamado “anti-desahucios”, aprobado por el Gobierno, tras años de negarse sistemáticamente a admitir las propuestas de IU y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y las asociaciones de afectados, se centra únicamente en frenar los desahucios de las personas más vulnerables, lo cual pondrá a la gente a competir para ver quién está más enfermo y quién es más desgraciado, dejando a miles de familias fuera y además no permite a los beneficiarios que recuperar su vivienda aunque paguen, IU de San Andrés ha presentado una Moción para exigir al Gobierno Central una rectificación, proponiendo medidas concretas también en nuestro Ayuntamiento que colaboren a evitar este drama.

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno.

Desde IU consideramos inadmisible y totalmente injusto que, en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

Además esta situación vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”

Aunque la normativa depende básicamente de una normativa de competencia estatal, los efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda, buscando soluciones a la pérdida de vivienda que priva a la persona o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.

Por todo ello, Izquierda Unida de San Andrés ha registrado una moción para que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo inste al Gobierno Central con el fin de que, tal y como viene proponiendo Izquierda Unida a nivel estatal desde hace años, así como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU. De tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca. Algo que no contempla el decreto aprobado este jueves por el Consejo de Ministros, en donde el Ejecutivo tan solo ofrece a estas familias dos años más para abandonar sus viviendas, no dos años más para buscar el dinero que les permita seguir pagándolas. Es como si el Gobierno y los bancos quisieran evitarse durante dos años la mala prensa que a ambos les estaban generando las informaciones de desahucios a familias en situaciones de exclusión social.

Igualmente Izquierda Unida pide en esta moción que el Gobierno apruebe una moratoria o implemente las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. Algo que tampoco contempla el decreto que parece más bien resumir, en lenguaje administrativo, el espíritu del comunicado de la Asociación Española de la Banca. Lo que los banqueros dijeron el pasado 12 de noviembre en aquel comunicado es prácticamente lo mismo que dice el Gobierno a través del BOE.

Pero más allá de instar al Gobierno Central para que establezca las medidas de competencia estatal, Izquierda Unida ha propuesto cinco medidas concretas a nivel municipal con objeto de conseguir que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo sea un municipio libre de desahucios:

  1. Crear y apoyar protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio
  2. Colaborar en pedir a los juzgados la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual de nuestro municipio.
  3. Intermediar con las entidades financieras que operan en el municipio para solicitar la paralización de los desahucios.
  4. Facilitará el asesoramiento y colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento con las familias víctimas de un desahucio o ejecución hipotecaria en todos los casos que lo requieran.
  5. Comunicar y dar traslado de estas medidas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.
Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: