Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo considera indignante que desde el equipo de gobierno del PP se intente trasladar la responsabilidad del Plan de Ajuste y sus consecuencias en el personal del Ayuntamiento a los sindicatos. Es absolutamente intolerable que el PP acuse a los representantes de los trabajadores de que la falta de acuerdo sea la causante de aumentar los despidos.

El Plan de Ajuste fue una decisión política del actual equipo de gobierno del PP, siguiendo las directrices de su partido a nivel nacional. El Pleno del 30 de marzo acordó aplicar este plan de ajuste al municipio, con los votos a favor del PP y UPL y la abstención del PSOE. El 30 de marzo ya se estableció que, de acuerdo con ese plan de ajuste, se iba a reducir 5 millones en nóminas del personal del Ayuntamiento. No puede ahora decir el PP, tras nueve meses, que “ya ha advertido a los representantes de los trabajadores que cuanto más se demore el acuerdo más deuda acumulará el Ayuntamiento y, por lo tanto, será necesario aumentar los despidos”. No puede traspasar su responsabilidad política en las decisiones que toma, achacándolo ahora a una demora en la falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores y trabajadoras y de aquellos a quienes quiere despedir.

La portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Eloina Terrón, ha mostrado su indignación ante esta actitud que puede ser calificada de chantajista en un equipo de gobierno que quiere trasladar su responsabilidad en la política de recortes que ha desencadenado su partido político a nivel nacional, autonómico y municipal a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de este municipio, amenazándoles finalmente con la “intervención” del Ayuntamiento por parte del Gobierno Central de su partido si no se avienen a acordar los despidos que el PP ha puesto en marcha con su Plan de Ajuste en el Municipio.

Para Izquierda Unida de San Andrés esta posición es un claro chantaje y una forma de presión intolerable a los propios trabajadores y trabajadoras del municipio, que busca convertir a las víctimas en culpables. Nos parece una actitud incalificable que el equipo de gobierno no asuma su responsabilidad y quiera cargársela a quienes van a sufrir sus recortes y despidos.

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