Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

La “ley anti-ayuntamientos”, que es como se comienza a calificar la reforma de la Administración Local planteada por el Gobierno del PP por su carácter “recentralizador, antidemocrático y privatizador”, supone la pérdida de competencias y la privatización de los servicios públicos de los municipios y de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

El 3 de abril, conmemoramos el trigésimo cuarto aniversario de las primeras elecciones municipales desde la vuelta de la democracia a nuestro país. Ese día, los hombres y mujeres de San Andrés del Rabanedo con derecho a voto acudieron masivamente a elegir a sus concejales y concejalas, con la certeza de que esa cercanía iba a ser clave para el desarrollo posterior de su municipio.

La ilusión por desarrollar un gobierno democrático en la administración más cercana se reflejó en la transformación de nuestro municipio, impulsado por el empuje activo de una ciudadanía ávida de cambios y de mejoras. Treinta y cuatro años después, la democracia local que con tantas dificultades se construyó por todos y todas está en peligro por una reforma de la Administración Local con la que el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que quedan en manos públicas, es decir, de todos y todas.

Con esta Ley Anti-Ayuntamientos, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un “coste estándar”, fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará por debajo del coste real del servicios. Esta reducción de costes tendrá consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos y la pérdida de empleo municipal. Además, la Diputación impondrá en ese caso los impuestos municipales a los municipios. También verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales debido a la imposición de ese “coste estándar”.

Izquierda Unida ha sido desde su fundación una fuerza municipalista, que pone en práctica en los Ayuntamientos que dirige formas de gobernar diferentes, cercanas a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora, con preocupaciones por los derechos sociales de sus vecinos y vecinas, aún más importantes en los momentos en que vivimos, donde el Ayuntamiento, como administración más cercana, realiza y debe seguir realizando un papel de atención mayor y más sensible a las personas que peor lo están pasando.

En conmemoración de este aniversario, hacemos un llamamiento a la defensa de las Juntas Vecinales, municipios y ayuntamientos, para que sean espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de sus gentes y no de quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y los derechos de los pueblos.

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