Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

ImagenIzquierda Unida de San Andrés del Rabanedo denuncia que el PP ha tomado la decisión política de establecer por ley dejar de prestar servicios a la ciudadanía de nuestro Ayuntamiento para, a cambio, pagar la deuda y los intereses de la deuda a los grandes bancos y financieras. Este es el transfondo de la “Ley Antiayuntamientos”, denominada eufemísticamente para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

IU de San Andrés denuncia que esta ley pretende recortar el gasto público en servicios a la ciudadanía, con la excusa de que hay que apretarse el cinturón, mientras hemos enterrado el año pasado 26.000 millones en un rescate a la banca que, según Rajoy, no nos iba a costar “ni un euro” y además de nuevo el PP se ha comprometido a otra bochornosa ayuda a la banca de 63.280 millones de euros para tapar sus agujeros con dinero público.

Para IU de San Andrés no es aceptable que mientras el Gobierno del PP rescata a la Banca, se recorten o privaticen servicios esenciales que garantizan derechos ciudadanos, y se sea incapaz de plantear una necesaria Reforma de la Administración Local con competencias definidas y con la suficiente financiación que blinde los servicios públicos necesarios.

Este proyecto de Ley Antiayuntamientos del PP, que ahora está en proceso de trámite, por lo que aún se puede modificar y cambiar, si la presión ciudadana así lo exige, plantea profundas modificaciones para un municipio como el de San Andrés del Rabanedo.

Con esta ley muchos servicios que viene prestando este ayuntamiento corren peligro de desaparecer o de ser privatizados. Algunos ejemplos son los programas de prevención de drogodependencias, de atención a la mujer, a la infancia, el transporte colectivo urbano (los viajes al Ferral que no cubre la Junta de Castilla y León), el transporte búho, el centro de educación infantil, el centro de día, la escuela de música, la ayuda a domicilio, los servicios de información formación y empleo, el de animación sociocomunitaria, los de atención a la juventud o el de información al consumidor.

Esta ley remarca el afán privatizador y la intención de que los servicios públicos pasen a ser negocio en el mercado. Cubrir las necesidades de la ciudadanía deja de ser el objetivo principal y obtener beneficios económicos por las entidades prestadoras se convierte en la finalidad primordial. Hasta tal punto que uno de los documentos de esta Ley dice expresamente: “el cuarto y último objetivo consiste en favorecer la iniciativa económica privada, … para ello se suprimen los monopolios municipales heredados del pasado” para que recaigan sobre lo que denominan “sectores económicos pujantes” en la actualidad, es decir, grandes empresas privadas. Esto significa que si el servicio de agua, por ejemplo, lo presta un Ayuntamiento, el PP considera que es “un monopolio heredado del pasado”; mientras que si el monopolio es de una empresa privada el PP lo considera “un sector económico pujante actual”. Izquierda Unida denuncia que, como se puede ver, esta ley trasluce esta mentalidad de “menos Estado, más mercado”, que es su credo fundamental: privatizar lo común, para beneficio de unos pocos.

Es más, esta Ley establece, como un dogma de fe, el denominado principio de “estabilidad presupuestaria”, determinando que las administraciones públicas nunca pueden incurrir en déficit. Por lo tanto los servicios tienen que ser autosuficientes y cubrirse con las tasas que tendrán que re-pagar los ciudadanos por su uso. Desde Izquierda Unida nos preguntamos: ¿entonces para que pagamos impuestos? El dinero de nuestros impuestos estaba destinado a cubrir los servicios que como ciudadanos y ciudadanas hemos acordado en nuestra Constitución, que son necesarios en nuestra sociedad, pues aportan cohesión social y garantizan la igualdad de oportunidades. El problema es que el PP ha destinado esos impuestos a rescatar la banca y sanear las cuentas de algunas grandes empresas.

Estamos viviendo un tiempo y unos momentos determinantes. Como ciudadanos y ciudadanas debemos ser conscientes de que estamos inmersos en un profundo cambio de sociedad. Nos tienen entretenidos con la frase “cuando salgamos de la crisis”, como si esta fuera un fenómeno meteorológico incontrolable, al margen de las decisiones políticas. Pero son las decisiones políticas las que han creado la crisis y las que están construyendo otro tipo de sociedad basado en el criterio de la rentabilidad económica y el beneficio. Una parte importante de la población está esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, algo que ya no va a ser posible, porque las estructuras legislativas que se están construyendo lo van a impedir, como esta ley antiayuntamientos, o la reforma laboral.

Nuestra obligación y nuestro reto es pensar qué futuro queremos, qué servicios públicos queremos, qué ayuntamientos queremos, qué control de la actividad económica queremos y proponernos su construcción paso a paso, exigencia a exigencia, luchando contra cada una de estas imposiciones. O lo hacemos los ciudadanos y ciudadanas, guiándonos por el interés del servicio para todos y todas, o lo hacen leyes como éstas guiadas por el interés de los mercados y a las que lo que menos les importa es el bienestar social, los derechos humanos y la cohesión social.

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