Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

La Concejala de Izquierda Unida, Eloina Terrón, afirma que la aprobación en el Congreso de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, le da la puntilla a la democracia y a los servicios públicos en San Andrés del Rabanedo.

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Una de las enmiendas presentadas por el propio PP a su Proyecto de Ley establece que si no se aprueba por mayoría del Pleno Municipal el presupuesto, se podrá aprobar en Junta de Gobierno por el único Partido Político que gobierne en ese momento y podrán sacar adelante, sin necesidad de debate y acuerdo con el resto de los grupos municipales, medidas como planes de recortes económico-financieros.

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo denuncia que, como se ve con estas medidas, el Partido Popular no cree en la democracia. Porque esta Ley, que ahora pasa al Senado, acaba así con la democracia. Por eso quieren hurtar la participación del pueblo y de la ciudadanía en general en el ámbito municipal, que es el que atiende a las necesidades más inmediatas y perentorias de nuestros vecinos y vecinas. Buscan eliminar la democracia al menos representativa que tenemos actualmente. Basada en que los concejales y concejalas de nuestro Ayuntamiento, representantes de los ciudadanos y ciudadanas, que han sido libremente elegidos, defiendan los derechos de quienes les han elegido. Por eso se reúnen en cada Pleno Municipal, que es el máximo órgano de representación ciudadana y de expresión democrática en los Ayuntamientos. En él se debaten y se toman las decisiones más importantes que afectan a la vida y a los servicios y prestaciones a los que tiene derecho cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Ya sea la aprobación de los presupuestos municipales, a qué prioridades destinar la financiación pública de los impuestos o si tiene que haber tasas de agua o basura, o el coste del IBI, etc.

Pero el PP, a través de esta ley, quiere “gestionar” autoritaria y jerárquicamente los Ayuntamientos, volviendo al modelo caciquil y predemocrático. Tomando las decisiones, sin debate ni control por el Pleno Municipal, donde está representada la ciudadanía de todas las tendencias y posiciones, sino desde la Junta de Gobierno, el órgano que representa sólo al equipo del Partido Popular gobernante. Las decisiones que antes se debatían y acordaban en el Pleno, con la representación de todos los concejales y que es público, ahora pasarán a ser tomadas en la oscuridad y opacidad de la Junta de Gobierno, en la que sólo está representada el partido gobernante y donde no hay presencia pública ni de los partidos de la oposición, sustrayendo la posibilidad de que éstos ejerzan ninguna labor de control, crítica, denuncia ni fiscalización.

Recortar debate en el Pleno es recortar democracia. Es recortar representación y poder de participación. Significa desaparición de la capacidad de crítica y enfrentamiento a las imposiciones injustas o arbitrarias de quien está gobernando. Supone un fracaso rotundo en la capacidad de confiar en la gestión colectiva y consensuada de los asuntos públicos. Y una forma de introducir mecanismos autoritarios y de imposición que rompen con los principios constitucionales de democracia municipal.

Por eso Izquierda Unida de San Andrés se está oponiendo y luchando contra esta Ley Antiayuntamientos, que ahora avanza en su trámite al Senado. Porque, como ya ha denuncia Izquierda Unida, esta ley tiene más consecuencias colaterales en el Ayuntamiento de San Andrés para la convivencia y los servicios públicos que hasta ahora teníamos. Todos y todas saldremos perdiendo: servicios privatizados, más caros y de peor calidad y sin control público de su gestión. Servicios suprimidos. Nuestro Ayuntamiento perderá capacidad para dinamizar la economía local. Corren peligro los servicios públicos municipales que más están demandando las familias más necesitadas y la ciudadanía en general de nuestro municipio, precisamente, en momentos de emergencia social debido a la crisis.

Los ayuntamientos lo que necesitan es más financiación, más transparencia, más cercanía y más democracia, no menos. Esta reforma es otro ataque del Gobierno del PP que podemos parar aún si nos movilizamos, en las instituciones y en la calle, como estamos haciendo con las manifestaciones en defensa de las Juntas Vecinales. Algo se nos ha ido olvidando y es que las medidas se paran antes de aprobarlas. Después, una vez que sea ya aprobada en el Senado definitivamente, es mucho más difícil. Y muchas veces, nos encontramos que sólo se puede revertir el mal hecho de forma parcial, a pedacitos, con pequeños cambios, pero que el mayor daño está hecho ya y las consecuencias son desastrosas.

Defendamos la democracia local y el Ayuntamiento al servicio de la gente y de nuestros derechos.

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