Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

Las administraciones públicas son garantes de que se cumplan los derechos humanos y los derechos reconocidos en nuestra legislación social autonómica. IU de San Andrés exige que se respeten y cumplan los derechos sociales reconocidos en la legislación ante las situaciones de precariedad económica que viven muchas familias de nuestro municipio.

Por ello Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo ha pedido a la Sra. Concejala de Servicios Sociales y Bienestar Social del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo que informe de los datos sobre cuántos casos se están derivando desde los Servicios Sociales municipales a otras organizaciones para la atención a situaciones de precariedad económica o necesidad social de familias o personas de nuestro municipio, cuando las causas por las que se derivan deben ser atendidas y están reconocidas dentro las prestaciones sociales reconocidas como derechos subjetivos.

La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León, establece que las prestaciones esenciales son derechos subjetivos garantizados y exigibles, y se podrá reclamar el cumplimiento efectivo de ese derecho. Además establece que las prestaciones esenciales, cuyo reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, serán obligatorias en su provisión y estarán públicamente garantizadas, con independencia de cuáles sean el nivel de necesidades o el índice de demanda existentes. Actualmente tienen dicha condición de prestaciones esenciales: La renta garantizada de ciudadanía y las ayudas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.

Además IU de San Andrés exige que se planteen y se resuelvan como derechos la atención a las necesidades sociales básicas. Es inadmisible que desde la Administración Pública se estén derivando a vecinos y vecinas a otras entidades privadas asistenciales. Las necesidades sociales deben tener respuesta desde los derechos sociales, desde las políticas sociales reconocidas como derechos de los ciudadanos y ciudadanas y no desde la beneficencia.

En ningún caso por razones de agilizar los trámites u otras razones se debe derivar hacia entidades privadas asistenciales, más que en casos excepcionales. La administración pública es responsable de agilizar trámites, si es necesario, eliminando o reduciendo los trámites burocráticos para dar respuestas a esas necesidades. Y que, si es necesario, se refuerce el personal de servicios sociales que tiene que evaluar y valorar los casos de servicios sociales. Además hay mucha necesidad de crear empleo en nuestro municipio. Si es necesario más personal para dar respuesta a las necesidades sociales de nuestro Ayuntamiento que se cree empleo, pero que se den respuestas sociales y no beneficencia ante las situaciones de necesidad de nuestros vecinos y vecinas.

Los derechos sociales son derechos y por lo tanto son exigibles ante los tribunales. Es decir, deben ser verdaderos derechos subjetivos, parte de nuestro estatuto de ciudadanía, algo que si la Administración no procura (como ocurre con la educación y la sanidad públicas) podamos ir a los tribunales a recibir tutela judicial efectiva.

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