Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

ImagenQue el programa “Conciliamos” no haya funcionado esta Semana Santa en el colegio Trepalio de San Andrés, por no cumplir el requisito de llegar al mínimo de quince solicitudes que exigía la Junta de Castilla y León, debe hacernos reflexionar sobre los criterios de dicho programa para ajustarlo a las necesidades actuales. Para Izquierda Unida de San Andrés estos criterios forman parte de las estrategias de la Junta de Castilla y León para que se dé lo que se denomina “profecía autocumplida”: no hay servicios porque no hay demanda. La Junta de Castilla y León parece empeñada en establecer trabas que dificultan cada vez más el acceso a los servicios públicos necesarios, como el programa Conciliamos, por lo que la población acaba no pudiendo acceder a ellos o buscando soluciones en empresas privadas que no ponen tantas dificultades.

Las condiciones que se establecen para el manteniendo del Programa de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral cada vez dificultan más el acceso a los mismos, al no ajustarse a la realidad social imperante que viven las familias actualmente. Este Programa está diseñado para aquellos padres y madres que desarrollen su actividad profesional en la franja horaria en la que se desarrolla el programa o que participen en actividades formativas, o que tengan una discapacidad o sean cuidadores familiares de personas dependientes.

Se ha establecido el periodo de matrícula para el verano, entre el 21 de Abril y el 2 de mayo, un un momento como el actual, donde la precariedad y temporalidad laboral impera, es muy difícil ahora, saber si tendrás empleo en junio o julio y si vas a necesitar acceder a ese servicio con esta antelación. El período de matrícula debe ser mucho más amplio, pues cada vez la temporalidad y precariedad hace imposible prever la situación futura con tanta antelación.

Para Izquierda Unida de San Andrés es como si la Junta de Castilla y León y sus gobernantes todavía no se hubieran enterado que con sus políticas, la calidad del empleo que se está creando en nuestra municipio, provincia y comunidad es absolutamente inestable, donde el 40% de los contratos son a tiempo parcial y es bastante probable que las personas desempleadas actualmente no sepan entre el 21 de abril y el 2 de mayo si van a conseguir un trabajo, aunque sea precario y mal pagado, a lo largo de mayo, junio o julio.

Otra de las condiciones que dificulta el acceso al Programa es la exigencia de que, para que el servicio se preste, tiene que haber una matrícula mínima de 15 niños/niñas, sin dar ninguna opción ni alternativa a las familias que necesitan este servicio en el caso de que no se llegue a ese número, pues ya si hay sólo 14 demandantes la Junta de Castilla y León no lo pondrá en marcha.

Otra de las condiciones que frena el acceso al programa Conciliamos es el coste del mismo, que se agudiza en familias con empleos temporales o precarios y es que la JCyL no permite que se abone cantidades diferentes si una familia utiliza el servicio un día a la semana o todos los días de la semana, pues la cuantía a abonar es la misma.

Es decir, la Administración de la Junta de Castilla y León y del PP está poniendo siempre trabas, dificultades y condiciones de difícil cumplimiento, para que los servicios públicos, necesarios para la ciudadanía del municipio, vayan desapareciendo paulatinamente o “no puedan ser demandados”, de tal forma que finalmente esta falta de demanda “justifique” su cierre definitivo, en vez de ir ajustando estos programas a las condiciones de la realidad social que se vive actualmente y facilitar los medios y el acceso a quienes lo necesitan. Es lo que en Sociología se denomina: “la profecía de autocumplimiento”. Estableces determinadas condiciones que obligan a que se cumplan las expectativas que se habían establecido inicialmente.

Desde Izquierda Unida de San Andrés demandamos que este servicio se ajuste a la realidad actual: ampliando el periodo de matrícula durante mucho más tiempo, estableciendo un número de usuarios y usuarias mucho más flexible y definiendo un coste económico que sea variable en función de las necesidades temporales del servicio por parte de los usuarios y usuarias puesto que hay trabajadores y trabajadoras en condiciones laborales muy precarias en nuestro Ayuntamiento, que aunque trabajen, no ganan los suficiente para mantenerse y menos para acceder a estos servicios con el coste que tienen.

El objetivo de este servicio es claro, posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, y es una necesidad en una población como la de San Andrés donde tantas familias jóvenes se han venido asentando en los últimos años. Por eso desde Izquierda Unida de San Andrés nos preguntamos qué cobertura va a dar la Administración Pública, que es quien tiene la responsabilidad, a estas situaciones. Porque mucho nos tememos que lo que está haciendo el PP y la JCyL de esta forma indirecta es potenciar que sólo puedan acceder al empleo las personas sin responsabilidades familiares y tratar de que especialmente las mujeres vuelvan a su rol tradicional de cuidadoras en el hogar.

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