Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

Izquierda Unida de San Andrés ha registrado para el pleno de mañana una moción para que desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se inste al Gobierno de la Nación de cara a que ponga las medidas necesarias para que los pensionistas y jubilados recuperen el IPC que por justicia les corresponde, manteniendo el consenso del Pacto de Toledo entre todos los grupos políticos que se estableció de forma unánime.

ImagenIU de San Andrés exige que el Ayuntamiento de San Andrés, recogiendo la demanda de las federaciones de pensionistas de CCOO y UGT, recuerde al Gobierno que las medidas en contra de los pensionistas y jubilados perjudican a las personas más débiles, en vez de tomar otras mucho más efectivas para incrementar la recaudación pública y que el PP no está haciendo como controlar el fraude fiscal, la economía sumergida, los paraísos fiscales, que permitirían recaudar 70.000 millones de euros más. Pues hay culpables de esta crisis tan brutal que tenemos en estos momentos y que no son precisamente los pensionistas y jubilados.

El Gobierno, vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los pensionistas en el marco de las políticas de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit. Se debe aclarar que la fórmula de revalorización incluida en la Ley 23/2013 en la que se mantiene una revalorización mínima del 0,25 % para los años de dificultad económica del sistema y una revalorización máxima del IPC+ 0,50 %, para años en que la situación económica mejore, esta medida supondrá una pérdida importante del poder adquisitivo de este colectivo, en los próximos años.

Los y las pensionistas son un colectivo importante pues suman más de 9 millones y en este momento de crisis, con su pensión están manteniendo a más del 25% de los hogares. Se debe tener en cuenta que los/las pensionistas y jubilados, en la inmensa mayoría de los casos, tienen en sus pensiones la principal y/o única fuente de ingresos.

Con esta política de ajustes se están intensificando los negativos efectos de la crisis, deprimiendo la demanda interna y afectando intensamente a la actividad económica y el empleo. Además estas medidas tienen unas consecuencias muy negativas en la vida de las personas de 65 y más años, que están siendo demoledoras, llevando a un gran número de pensionistas y jubilados a la pobreza y a la exclusión social.

El Gobierno cede a las exigencias del núcleo más conservador de la Unión Europea y de los mercados, cuya actividad especulativa sigue provocando que la economía, no se recupere y que los/as trabajadores/as, los pensionistas y jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo.

El Gobierno utiliza el BOE para congelar las retribuciones de los que dependen directamente de sus decisiones: empleados públicos, pensionistas, desempleados, salario mínimo, IPREM, mientras que, por el contrario, suben los precios de servicios públicos, que también están sometidos a su decisión, ejemplos: Los medicamentos incrementaron su precio el 20,9% desde 2011 como consecuencia del copago, repago en realidad, impuesto por el gobierno. El transporte público urbano sufrió una subida del 14,6%. La calefacción, la luz y el agua subieron en estos dos años más del 11,4% por los “tarifaros” eléctricos y los precios del gas.

Este panorama sitúa en el centro de las preocupaciones de este grupo político la insuficiencia de ingresos del sistema y hay que decir al Gobierno que trabaje en la urgente necesidad de abordar este problema con una combinación de medidas sobre las fuentes tradicionales de ingresos, las cotizaciones, y el uso de fuentes adicionales de financiación del sistema, para abordar la actual coyuntura de pérdida de ingresos asociada a la masiva destrucción de empleo y al consumo anticipado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Tenemos que mirar por el camino de fortalecer la solidaridad intergeneracional para asegurar la calidad de vida de nuestra población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad, como vía para una salida de la crisis de manera democrática y sostenible económica y socialmente.

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