Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

IU denunció en Fiscalía la reprivatización del agua que hizo el equipo de gobierno del PSOE, presidido por la exalcaldesa Maria Eugenia Gancedo, en 2010 con su mayoría absoluta, en contra de de todos los grupos de la oposición y en contra del clamor de las Asociaciones, vecinos y vecinas. Este contrato de reprivatización supone aproximadamente 1 millón de euros al año de deuda para San Andrés.

ImagenRueda de Prensa de Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo

Pero los demás partidos, además de oponerse, no han hecho nada efectivo, especialmente el PP que es el actual equipo de gobierno. Ahora el PP de San Andrés del Rabanedo, presidido por su alcalde Gregorio Chamorro, dice que esa deuda la tenemos que pagar los vecinos y vecinas duplicando el precio del agua. Suponemos que tras las elecciones, que será cuando apliquen todos los recortes y subidas de tasas que vienen anunciando con sus planes de ajuste.

Los paganos de este bipartidismo, con sus privatizaciones y sus deudas, somos los vecinos y vecinas. La ciudadanía. Unos nos endeudan y otros aprovechan para doblarnos el precio del agua, que es un bien esencial, del que nadie puede prescindir.

La Fiscalía Provincial ha dado la razón a IU y ve indicios de delito penal. De ahí que el Fiscal Provincial haya remitido a los Juzgados esta denuncia “por entender que de su contenido pudiera desprenderse la existencia de infracción penal” y exige que se incoen Diligencias Previas. Por eso Izquierda Unida se ha personado como acusación particular, a través de su Concejala en el Ayuntamiento de San Andrés, Eloina Terrón, en el Juzgado de Instrucción Nº 5 de León, en las Diligencias Previas Nº 1943/14 que se han emprendido en dicho Juzgado como ACUSACIÓN por los hechos acontecidos en relación con las irregularidades cometidas en la AMPLIACIÓN DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (en San Andrés del Rabanedo).

Los hechos investigados se ajustan, entre otros ilícitos, a los del título XIX del Código Penal “Delitos contra la Administración Pública” especialmente a la Prevaricación del art. 404. En este sentido, hay que señalar que según la doctrina “el ofendido es aquel frente a quien se han cometido los hechos típicos” y en este caso ha sido “contra la Administración Pública” como identifica el propio Título XIX del Código Penal, afectando especialmente a las arcas e intereses del Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo, del cual actualmente Eloina Terrón, como Concejala Portavoz de Izquierda Unida, forma parte como Concejala. Por tanto, como tal constituye una clara perjudicada por los hechos investigados ya que, en concreto, se trata de la única Concejal que ha coincidido en denunciar las ilegalidades cometidas en la renovación de este contrato.

Si todos se opusieron en su momento a esta reprivatización, IU exige que el Ayuntamiento revise el pleno analizando los vicios e infracciones que en él se cometieron y se lleve a Pleno su anulación. Que se mojen y no lo dejen sólo en manos de Izquierda Unida, que sólo tenemos un concejal.

El escrito de denuncia remitido por la Fiscalía ve indicios de irregularidad en tres posibles aspectos:

  1. El nombramiento por la Junta de Gobierno de una interventora con carácter accidental por 2 días, a una persona estaba ocupando la plaza de tesorera. La Administración Autonómica interpone un recurso contencioso administrativo que resulta estimado por el juzgado contencioso administrativo, por lo que el fallo es que ese nombramiento accidental no es ajustado a derecho e incurre en el supuesto de nulidad absoluta, lo cual comporta la nulidad de todos aquellos actos que de él traigan causa.
  2. Se obvia que la obra de necesaria ejecución que introduce esta modificación contractual de la empresa se salta toda la legislación de contratos de las administraciones públicas que requieren de adjudicación propia, a través de un procedimiento abierto regido por la LCSP 30/2007
  3. El interventor Municipal del ayuntamiento informa desfavorablemente en todos sus aspectos esta reprivatización.

Pero toda la reprivatización está plagada de irregularidades:

  • Se reprivatiza por 15 años más, cuando el contrato vigente establecía que sólo se podían modificar de 5 en 5 años.
  • En el anterior contrato el Ayuntamiento estaba exento de pago de tasas, mientras que con las actuales condiciones las instalaciones municipales tienen que pagar buena parte del consumo de agua.
  • Además se aprobó subir en 2010 el precio del agua lo correspondiente al IPC más el 7,9%. Y en el 2012 se acordó subirlo un 65%.

Esto ha supuesto una mayor deuda aún para nuestro Ayuntamiento que ahora el PP quiere que repercuta en una subida de la tasa de aguas que pagamos la ciudadanía de San Andrés. De ahí que la Fiscalía lo haya remitido al Juzgado Decano para que “se incoen Diligencias Previas y se practiquen las pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados”.

Para izquierda Unida la gestión de un bien esencial, tan escaso y valioso como es el agua, solo puede ser realizada desde el servicio público y bajo control democrático de la ciudadanía.

Recordemos que el gobierno de coalición entre el Partido Popular y dos concejales de la UPL, en San Andrés, aprobaron la primera privatización del agua en noviembre de 1996. Izquierda Unida se opuso rotundamente y luchó decididamente en contra de esta privatización. El PSOE también se manifestó en contra y Miguel Martínez prometió que en cuanto accediera a la alcaldía remunicipalizaría el servicio. Lo cual fue su primer incumplimiento flagrante. Pues al poco tiempo, a mitad de esa misma legislatura, cuando consiguió la mayoría, se olvidó por completo de su promesa y de las movilizaciones que había protagonizado.

ImagenMiembros de la agrupación de IU San Andrés del Rabanedo en la rueda de prensa con Coordinador Provincial

Por eso Izquierda Unida considera que los vecinos y vecinas no pueden pagar ya más: subida del agua, subida de la electricidad, subida de tasas e impuestos, pago y subida de los medicamentos y menos, por bienes esenciales y necesarios como son todos ellos. El agua es un bien público fundamental para la vida y debe ser gestionada y controlada desde la gestión pública cuyo objetivo es el bien común, no el beneficio económico. Esperemos que los juzgados impidan esta brutal subida de tasas y exijan que quienes reprivatizaron un bien común asuman su responsabilidad y los costes de tamaña barbarie.

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