Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

La Fiscalía Provincial ve infracción penal en el contrato de reprivatización del agua que Izquierda Unida de San Andrés denunció y por el que se quiere duplicar su precio actual

La denuncia que Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo presentó en enero a la Fiscalía Provincial sobre el proceso de reprivatización de la concesión de servicio de agua de San Andrés en 2010 por el equipo de gobierno del PSOE, ha sido remitida por la Fiscalía al Juzgado Decano de Instrucción de León “por entender que de su contenido pudiera desprenderse la existencia de infracción penal” y exige que se incoen Diligencias Previas.

El origen de esta denuncia que Izquierda Unida de San Andrés presentó a la Fiscalía, ha sido la oposición de la Concejala de IU, Eloína Terrón, a la subida de más del doble del precio del agua en el municipio de San Andrés, un bien esencial y de primera necesidad, a causa del Plan de Ajuste-Recortes que el PP ha aprobado, en contra del Pleno Municipal. Aunque esta subida es consecuencia del acuerdo del PSOE con la empresa de agua en el último pleno de 2010, donde este partido amplió la privatización del servicio hasta el año 2046.

Por eso Izquierda Unida de San Andrés presentó esta denuncia a la Fiscalía exponiendo la posible ilegalidad de las condiciones del contrato aprobado en el Pleno del día 3 de septiembre de 2010. Ese día el Gobierno del PSOE de San Andrés, en solitario, con el voto en contra de todos los grupos de la oposición y en contra del clamor de las Asociaciones, vecinos y vecinas así como de Izquierda Unida que estaban en el salón de Pleno cuando se tomó la decisión, amplió la privatización del agua de este Municipio hasta el año 2046.

IU de San Andrés considera que, en el expediente aprobado en ese Pleno, existen indicios de ilegalidad que son puestos de manifiesto por los informes de intervención, al menos en tres aspectos. Se reprivatiza por 15 años más, cuando el contrato vigente establecía que sólo se podían modificar de 5 en 5 años. En segundo lugar, en el anterior contrato el Ayuntamiento estaba exento de pago de tasas, mientras que con las actuales condiciones las instalaciones municipales tienen que pagar buena parte del consumo de agua. La Fiscalía ha confirmado que, efectivamente, se desprende “la existencia de infracción penal”.

Además se aprobó un pago mayor por parte del Ayuntamiento a la concesionaria del servicio. En el 2010 se estipuló subir el precio del agua lo correspondiente al IPC más el 7,9%. Y en el 2012 se acordó subirlo un 65%.

Es decir se cambiaban las condiciones esenciales del contrato que se había establecido en un principio. Esto ha supuesto una mayor deuda aún para nuestro Ayuntamiento que ahora el PP quiere que repercuta en una subida de la tasa de aguas que pagamos la ciudadanía de San Andrés. De ahí que la Fiscalía lo haya remitido al Juzgado Decano para que “se incoen Diligencias Previas y se practiquen las pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados”.

Izquierda Unida considera que la Fiscalía ha considerado la demanda de IU que entendía de todo punto imprescindible que se aclare pormenorizadamente este contrato que tantas consecuencias va a traer a la ciudadanía. Para izquierda Unida la gestión de un bien tan escaso y valioso como es el agua solo puede ser realizada desde el servicio público y bajo control democrático de la ciudadanía.

Recordemos que el gobierno de coalición entre el Partido Popular y dos concejales de la UPL, en San Andrés, aprobaron la primera privatización del agua en noviembre de 1996. Izquierda Unida se opuso rotundamente y luchó decididamente en contra de esta privatización que, especialmente en el caso del agua, es un bien esencial muy sensible y debe ser gestionada desde el servicio público como un bien vital imprescindible. El PSOE también se manifestó en contra y Miguel Martínez prometió que en cuanto accediera a la alcaldía remunicipalizaría el servicio. Lo cual fue su primer incumplimiento flagrante. Pues al poco tiempo, a mitad de esa misma legislatura, cuando consiguió la mayoría, se olvidó por completo de su promesa y de las movilizaciones que había protagonizado.

Por eso Izquierda Unida considera que los vecinos y vecinas no pueden pagar ya más: subida del agua, subida de la electricidad, subida de tasas e impuestos, pago y subida de los medicamentos y menos, por bienes esenciales y necesarios como son todos ellos. El agua es un bien público fundamental para la vida y debe ser gestionada y controlada desde la gestión pública cuyo objetivo es el bien común, no el beneficio económico. Esperemos que los juzgados impidan esta brutal subida de tasas y exijan que quienes reprivatizaron un bien común asuman su responsabilidad y los costes de tamaña barbarie.

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