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IU de San Andrés del Rabanedo ha registrado por escrito, antes de que acabar el plazo el día 11 de septiembre, diez alegaciones a la propuesta de la Junta de Castilla y León del mapa de una unidad básica de servicios entre León y San Andrés y el área funcional estable.

Parece que el bipartidismo PP-PSOE quieren que, en pleno periodo previo electoral, pase lo más calladamente posible esta componenda que han diseñado con la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Pero para izquierda Unida de San Andrés éste no es un tema menor y por ello se han presentado alegaciones a este mapa que crea una sola unidad básica de servicios entre León y San Andrés, que con los municipios aledaños se va a denominar “León”.

Ésta es la primera alegación que se ha hecho, a la “denominación de origen” de las áreas funcionales. Ya que consideramos que no debe darse una denominación que invisibilice al resto de los municipios. La pérdida de denominación conlleva no sólo una mayor centralidad, y que las poblaciones pequeñas se conviertan en periféricas, como ya ha denunciado IU, sino que supone una pérdida de la herencia colectiva de denominación propia, de carga histórica propia, de raíces culturales y sociales compartidas.

La segunda alegación es a la ubicación de los servicios. Se pide que se especifique cómo van a quedar los servicios en esta nueva ordenación del Territorio. Sobre este nuevo mapa territorial se van a planificar servicios. Se requiere que, antes de aprobar a ciegas un “cheque en blanco”, la Junta de Castilla y León especifique y detalle dónde van a establecerse los servicios para que los municipios que forman parte de este Área puedan tomar decisiones informadas sobre las consecuencias de las mismas. Tanto para los ciudadanos y ciudadanas como para los trabajadores y trabajadoras de esos servicios. Porque en el actual mapa no se clarifica cómo van a quedar las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, qué servicios se prevén y dónde se van a instalar físicamente: dónde van a instalar los servicios sociales, dónde se van a instalar los servicios educativos obligatorios, dónde los servicios sanitarios. Porque mucho nos tememos que lo están dejando al futuro reparto y negociación caciquil entre el bipartidismo, dado que se aseguran controlar los órganos de gestión de este nuevo mapa territorial con esta normativa.

La tercera alegación plantea que estas Áreas Funcionales no sean una excusa para recortar los servicios públicos. Ya que en la planificación se plantea que, por cada UBSOT corresponde una sola zona básica de salud. León y San Andrés constituirán una sola UBSOT Urbana. Y pretenden que haya una zona de Acción Social para entre 1-3 UBOST. Pero solo en San Andrés hay 2 zonas de servicios sociales, y eso sin contar León. Lo que está claro es que toda la propuesta es poco clara y transparente y se deben dar muchas más explicaciones y concretar cómo va a afectar toda esta nueva planificación tanto a los ciudadanos y ciudadanas, usuarias de los servicios, así como a los trabajadores y trabajadoras de los servicios, antes de aprobar ningún “cheque en blanco” y a ciegas.

La cuarta alegación exige que se publiquen y den a conocer todas las áreas funcionales de toda la provincia y no sólo la de León y Ponferrada como sucede actualmente.

La quinta alegación exige que se diseñe una organización y gestión democrática en los órganos de decisión y control ya que lo que se ha hecho con este ley es blindar el bipartismo en los órganos de gobierno de las Mancomunidades, estableciendo que en ellos estén los representantes designados uno a propuesta del grupo político que ostente la alcaldía, y el segundo a propuesta del grupo político en la oposición que haya obtenido más votos en las últimas elecciones locales o, de no existir, del grupo político que ostente la alcaldía. Es decir, blanco y en botella.

La sexta alegación advierte para que estas Áreas Funcionales no sean una excusa para privatizar los servicios públicos. Porque la privatización de los servicios públicos a grandes empresas, no sólo se concluye de los términos mercantiles utilizados en la normativa (economía de escala, suficiencia financiera, costes efectivos, etc.), sino del diseño funcional de las mismas puesto que esta normativa lo que facilita es que una sola empresa concentre y monopolice a gran escala los servicios de toda la provincia.

De ahí que la séptima alegación exija que si se crean Consorcios de prestación de servicios públicos, éstos sean de titularidad y gestión pública evitando cualquier posible privatización.

La octava alegación pide que se clarifique cómo van a quedar las entidades Menores y sus patrimonios (bienes comunales, etc.) en el caso de que se fusiones dos municipios.

La novena plantea que se concrete de forma clara y minuciosa cómo se va a garantizar el principio rector de “garantizar la igualdad de toda la ciudadanía en el acceso a la prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral de las zonas rurales, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes”

Y todas estas alegaciones se cierran en la última, la décima, que propone que la aprobación definitiva de estos mapas en su conjunto sean sometidos a referéndum popular. Así como el compromiso que cualquier fusión de ayuntamientos que también debe hacerse con referéndum popular. Son decisiones de tal trascendencia para el futuro de los municipios y de la población que se debe contar con su participación directa de la ciudadanía mediante referéndum.

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