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Izquierda Unida denuncia la gravísima situación que supone haber dejado caducar en febrero por el actual equipo de gobierno del PP, sin renovar el “secuestro” de la concesión del servicio de piscinas y centro de ocio, por las consecuencias que puede acarrear al municipio para la ciudadanía. La legislación establece el “secuestro” como una figura jurídica para seguir prestando el servicio público en caso de que la concesionaria pusiera en peligro la prestación del mismo.

IU considera que la privatización de las piscinas y centro de ocio de nuestro municipio ha sido un absoluto despropósito desde su inicio, tanto por su privatización como por el elevado coste que supuso –aunque tuviera incluido la cobertura de las piscinas-, así como el hecho de la suspensión del contrato por la empresa Gexín en septiembre de 2013.

Pero si esta privatización y la sangría económica que ha supuesto para el municipio ha sido un auténtico despropósito, el acuerdo entre la persona del Alcalde y la empresa en octubre de 2013, roza el disparate. En este acuerdo, saltándose lo establecido, el Sr. Alcalde, Gregorio Chamorro, decide de motu propio que “el Ayuntamiento se compromete a no iniciar ningún expediente sancionador y a no aplicar ninguna sanción, multa o penalización por la suspensión del contrato realizada por la empresa Gexín”.

Este acuerdo lo suscribió el Alcalde sin ser el órgano competente para ello. El único órgano competente era el Pleno. Algo que este Alcalde se saltó, como ha hecho tantas veces el PP, pues es así como entienden su “democracia”. El problema es que aquí se ha topado con la propia legislación que establece claramente que el Alcalde tomó una decisión unipersonal, llegando a acuerdos con la empresa que no se atienen a la ley, asegurándola que no se la penalizaría por haber suspendido el servicio de piscinas.

Recordemos que en septiembre de 2013 la empresa había cerrado de forma unilateral, sin contar con el Ayuntamiento, y por su cuenta y riesgo, un servicio público de nuestro municipio que atiende a gran número de personas, que la propia normativa establece como básico y de prestación obligatoria por parte del Ayuntamiento.

En el Pleno Municipal de 30 de enero de 2014 se aprueba por el Pleno el secuestro de dicho servicio. Figura legislativa del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales que en sus arts. 133 a 135 establece que “si la concesionaria incurriese en infracción de carácter grave que pusiera en peligro la buena prestación del servicio público, la Administración podrá declarar en secuestro la concesión, con el fin de asegurar aquél provisionalmente”. En este Pleno se acuerda “no aceptar la resolución unilateral del contrato de explotación de las piscinas municipales del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo adoptado por la empresa Gexín (Gestión y Explotación Integral)”, así como que “el adjudicatario de este servicio [Gexín] tenía que seguir prestando el servicio hasta que se hiciera una nueva licitación o se asumiera su gestión directa” ya que el “abandono unilateral de la gestión implica el incumplimiento grave de las obligaciones del contratista”.

En ese Pleno se acordó igualmente que “el Ayuntamiento explotaría directamente el servicio” durante un año. Plazo que se ha cumplido en febrero de 2015, sin que el equipo de gobierno haya renovado la ampliación de esta forma de prestación del servicio.

Para Izquierda Unida es gravísima esta situación de haber dejado caducar, sin renovar, el servicio de piscinas y centro de ocio, por las consecuencias que puede acarrear al municipio para la ciudadanía por la irresponsabilidad en la gestión del actual equipo de gobierno del PP.

Por lo que Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo exige explicaciones públicas al Sr. Alcalde de San Andrés, para que de información a la ciudadanía y a todos los vecinos y vecinas, sobre la no renovación de esta figura jurídica para mantener el servicio público, así como las consecuencias futuras que puede traer esta decisión por dejación y mala gestión del actual equipo de gobierno.

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