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Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo denuncia que la modificación del contrato del agua de 2010 nos cuesta 1 millón de euros al año

En el Pleno Extraordinario del 31 de marzo de 2015 se aborda el Plan Presupuestario 2016-2018 para este Ayuntamiento. En dicho Plan resalta la deuda acumulada consecuencia de la privatización del agua municipal.

La modificación del contrato del agua del PSOE en 2010 no solo supuso una ampliación de la privatización por otros 15 años más sino que tiene un costo para las arcas municipales de un millón de euros anuales a favor de la empresa privada que lo gestiona. Ya tenemos casi 5 millones de deuda con esta mercantil.

El PP no optó por buscar una solución a esta situación iniciando un expediente de lesividad sobre este contrato. Ni planteó ninguna otra propuesta para evitar esta acumulación progresiva de deuda que tendremos que pagar los vecinos y vecinas. Lo único que hace es devolver las facturas a la mercantil sin pagarlas y guardando en el cajón la deuda que se va incrementando.

Para Izquierda Unida de San Andrés es tan responsable el PSOE como el PP de esta deuda por la privatización de un bien público fundamental como el agua que tendremos que saldar la ciudadanía una vez que pasen las elecciones.

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo presentó en noviembre una Moción pidiendo la remunicipalización de este servicio y exigiendo iniciar un expediente de lesividad que considere dañino para los intereses públicos de la ciudadanía de San Andrés la privatización del agua y pueda ser revertida dicha privatización.

Sobre dicha moción se requirieron informes técnicos por parte del PSOE y que el PP ha utilizado como maniobra dilatoria para no volver a llevar este tema en ningún punto del orden del día de los siguientes Plenos, evitando así que se pueda apoyar la remunicipalización del servicio de agua que desangra a este Ayuntamiento y que sigue acumulando deuda cada día que pasa.

Para el bipartidismo sanandresino parece que la salida pasa por cargar la deuda a los vecinos y vecinas subiéndonos las tasas tras las elecciones municipales, o seguir acumulando deuda hasta que la empresa nos lleve a los juzgados, como tantas otras, y haya que pagar deuda, intereses y las costas del juicio.

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