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http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/ley-financiacion-administracion-local_995559.html

Eloina Terrón Concejala Portavoz de Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo 22/07/2015

cartel sanandresrabanedoRecientemente el señor Herrera, en su discurso de investidura para Presidente de la comunidad autónoma de Castilla y León, refería que está pensando en devolver las «competencias impropias» al Estado. La Diputación de León está en lo mismo y el Ayuntamiento de San Andrés también quiere traspasarlas. Parece que algunas administraciones han emprendido una carrera para ver quien se quita de encima antes la responsabilidad de los servicios públicos. Si seguimos así nadie va a tener la competencia de mantener los servicios públicos. Tú por mí y yo por ti, y mientras «la casa sin barrer y los servicios públicos sin atender».

Simultáneamente, a nivel autonómico y a nivel nacional, el PP está empeñado en iniciar una campaña electoral con el mensaje de «reducir los impuestos». Reducir impuestos implica disminuir los ingresos públicos de dinero y, por lo tanto, no tener financiación para prestar los servicios, ya que si no se recaudan impuestos, especialmente de las grandes fortunas y las grandes financieras, no se tendrá dinero para mantener los servicios públicos.

Ahora nos venden que reducir el IRPF nos beneficia. Según las cuentas de Rajoy, con esta reducción cada persona de este Estado vamos a contar con de 11,92 euros más al mes. Ya me contarán para qué quiero yo 12 euros más al mes, si a cambio me recortan en servicios públicos esenciales. Nos tenemos que preguntar: ¿nos compensan esos 12 euros al mes más o nos compensa tener servicios públicos de calidad? Porque ese recorte de IRPF que quiere hacer el PP supone globalmente 1.500 millones de euros menos que no se tendrán para financiar esos servicios.

En vez de plantear una reforma fiscal justa y equitativa, que grave la riqueza de las grandes fortunas y de las rentas más altas y que permita una suficiencia económica del Estado, lo que propone el PP es repartir una “limosna” que nada arregla, pero que sí contribuye a desfinanciar lo público y a vernos obligados a pagar los servicios o a prescindir de ellos quienes no tengan recursos. Según los datos de la agencia tributaria las familias aportaron casi un 92% de recaudación en 2011, mientras las grandes empresas sólo contribuyeron con apenas un 2% a las arcas públicas.

Toda la ciudadanía sabemos que los servicios públicos que pagamos con las aportaciones de todos y todas son más económicos que si cada uno nos hacemos cargo de forma individual del servicio. Sabemos que son más eficientes, ya que cubren a un mayor número de población y más rentables, en criterios de rentabilidad y solidaridad social, -la importante, pues en realidad lo que estamos construyendo es sociedad-, y que cubren las necesidades de forma mucho más efectiva. Es más, sabemos de la profesionalidad de sus profesionales y que hay control y supervisión democrática —de todos y todas—, etcétera.

Pero su política, sobre todo en momentos de publicidad preelectoral y cuando adivinan la debacle que han provocado, se centra en anunciar que «reducen impuestos». Esto les permite justificar posteriormente que no se tiene dinero para pagar servicios. Para ello están convirtiendo en humo toda la legislación que establece derechos de la ciudadanía y competencias de las administraciones para desarrollarlos y mantenerlos.

El problema añadido es que con las políticas del PP y del PSOE pagamos fundamentalmente impuestos regresivos, en vez progresivos (pagaría más quien más tuviera). De cada 100 euros de gasto, en muchos casos 21 euros son de impuestos, que tenemos que pagar todos por igual: tengas ingresos o estés en el paro, seas multimillonario o sin ningún ingreso. Lo que han aumentado es el impuesto más regresivo que hay: el IVA.

Pero además en esta carrera por buscar quien financia y se hace cargo de las denominadas competencias impropias, el Sr Herrera plantea en su discurso de toma de posesión que uno de sus objetivos es la reforma del estatuto de autonomía, para «fortalecer el papel de las Entidades Locales, para reforzar su posición como prestadoras de servicios de proximidad». Y entonces ¿por qué el gobierno del PP de Castilla y León ha asumido la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de su partido, que va justo en sentido radicalmente contrario?

Estaban claras las consecuencias de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El informe que acompañaba a esta ley dejaba claro cuál es su objetivo: favorecer «la iniciativa económica privada» y «ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135». Artículo 135 que prima el pago de la deuda y los intereses sobre cualquier consideración política o social y que es la base de toda la reforma normativa que está sufriendo la población. Esta Ley establece las competencias que los ayuntamientos tienen que prestar en función de su población y situación financiera y es la causa de la carrera entre Administraciones por pasarse lo que se ha dado en llamar «competencias impropias», que no son sino los servicios que vienen prestando a la ciudadanía, pero los que ninguna administración quiere hacerse cargo de financiar.

Pero cuando se aprobó esta Ley, el gobierno de la Junta de Castilla y Leon, en vez de oponerse a ella, la aceptó. Aunque rápidamente sacó un Decreto-ley, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, que establecía que los Ayuntamientos siguen manteniendo las competencias que tenían.

Los ayuntamientos con una financiación insuficiente, con un pago de intereses abusivo de la deuda del plan ICO, están buscando que otra administración se haga cargo de las competencias que le están diciendo que son impropias, aunque es la administración más cercana a los problemas y necesidades de la ciudadanía.

Izquierda Unida ha abogado desde hace años por una ley de financiación local para que los ayuntamientos dispongan de los recursos suficientes para cumplir con las competencias que tienen encomendadas y den respuesta real a las necesidades de los vecinos y las vecinas. Este es el camino.

Reducir impuestos para tener 12 euros más al mes resuelve realmente muy poco a la mayoría, pero que haya servicios públicos (que son salario diferido) sí resuelve a la ciudadanía sus necesidades. Lo que pedimos son reformas fiscales en el sentido contrario: aumentar los impuestos a las rentas más altas, grandes fortunas y Sicav (que solo tributa al 1%), a las sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi) que mantienen un régimen fiscal excepcional y pagan menos impuestos.

Por eso la única vía económicamente racional y éticamente justa es una Ley de Financiación de la Administración Local para mantener con garantía los servicios públicos, que son un derecho básico de todos y todas, derogar la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de Administración Local, y establecer una política fiscal justa y progresiva.

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