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  • El Concejal de Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo, Felipe Ménguez, exige en Valladolid que el PP, que gobierna en la Junta, deje de rescatar con miles de millones a Florentino Pérez por el fallido proyecto Castor o a las empresas de las autopistas en quiebra y destine el dinero de los impuestos de toda la ciudadanía a financiar los servicios públicos municipales de nuestro Ayuntamiento.
  • IU San Andrés recuerda que es voluntad política la financiación pública directa de los servicios municipales porque dinero y recursos hay y se ha comprobado cuando el PP ha decidido rescatar a los bancos.
  • Izquierda Unida ha abogado desde hace años por una Ley de financiación local para que los ayuntamientos dispongan de los recursos suficientes para cumplir con las competencias que tienen encomendadas y den respuesta real a las necesidades de los vecinos y las vecinas.

Ménguez en Valladolid ok

El Concejal de Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo, Felipe Ménguez, pide que las distintas administraciones dejen de “echar balones fuera” y “pasarse las competencias”, sean propias o impropias, y decidan de una vez “dedicar el dinero de todos a financiar los servicios de todos, en vez de convertir lo de todos en negocio para que unos pocos se lucren privatizando los servicios públicos con sus normativas y recortes presupuestarios”.

La ciudadanía reclama a todas las administraciones, sean del color que sean, que si han sido elegidas para gestionar lo público, que no “desvíen” el dinero que aportamos toda la ciudadanía para educación, sanidad, incendios, servicios sociales, atención a mayores y dependientes a “rescatar” a grandes empresas y financieras que son, precisamente, las causantes de la crisis.

Ménguez denunció que el Sr Herrera, en su discurso de investidura para Presidente de la Comunidad Autónoma de CyL, ya decía que estaba pensando en devolver las “competencias impropias” al Estado. La Diputación de León está en lo mismo y el Ayuntamiento de San Andrés también quiere traspasarlas. Parece –explica Ménguez- que “algunas administraciones han emprendido una carrera para ver quien se quita de encima antes la responsabilidad de los servicios públicos. Si seguimos así nadie va a tener la competencia de mantener los servicios públicos. Tú por mí y yo por ti, y mientras “la casa sin barrer y los servicios públicos sin atender”.

Simultáneamente, a nivel autonómico y a nivel nacional, el PP está empeñado en su campaña electoral en anunciar que “reducirá impuestos”. Reducir impuestos implica disminuir los ingresos públicos de dinero y, por lo tanto, no tener financiación para prestar los servicios, ya que si no se recaudan impuestos, especialmente de las grandes fortunas y las grandes financieras, no se tendrá dinero para mantener los servicios públicos.

Ahora nos venden que reducir el IRPF nos beneficia. Según las cuentas de Rajoy, con esta reducción cada persona vamos a contar con de 11,92 € más al mes. “Ya me contarán para qué quiero yo 12 euros más al mes, si a cambio me recortan en servicios públicos esenciales. Nos tenemos que preguntar: ¿nos compensan esos 12€ al mes más o nos compensa tener servicios públicos de calidad? Porque ese recorte de IRPF que quiere hacer el PP supone globalmente 1.500 millones de € menos que no se tendrán para financiar esos servicios”, analizaba el Concejal de IU San Andrés en Valladolid.

En vez de plantear una reforma fiscal justa y equitativa, que grave la riqueza de las grandes fortunas y de las rentas más altas y que permita una suficiencia económica del Estado, lo que propone el PP es repartir una “limosna” que nada arregla, pero que sí contribuye a desfinanciar lo público y a vernos obligados a pagar los servicios o a prescindir de ellos quienes no tengan recursos. Según los datos de la agencia tributaria las familias aportaron casi un 92% de recaudación en 2011, mientras las grandes empresas sólo contribuyeron con apenas un 2% a las arcas públicas.

Toda la ciudadanía sabemos que los servicios públicos que pagamos con las aportaciones de todos y todas son más económicos que si cada uno nos hacemos cargo de forma individual del servicio. Sabemos que son más eficientes, ya que cubren a un mayor número de población y más rentables, en criterios de rentabilidad y solidaridad social, -la importante, pues en realidad lo que estamos construyendo es sociedad-, y que cubren las necesidades de forma mucho más efectiva. Es más, sabemos de la profesionalidad de sus profesionales y que hay control y supervisión democrática – de todos y todas-, etc.

Pero la política del PP, sobre todo en momentos de publicidad electoral y cuando adivinan la debacle que han provocado, se centra en anunciar que “reducen impuestos”. Esto les permite justificar posteriormente que no se tiene dinero para pagar servicios. Para ello están convirtiendo en humo toda la legislación que establece derechos de la ciudadanía y competencias de las administraciones para desarrollarlos y mantenerlos.

Además la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local dejaba claro cuál es su objetivo: favorecer “la iniciativa económica privada” y “ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”. Artículo 135 que prima el pago de la deuda y los intereses sobre cualquier consideración política o social y que es la base de toda la reforma normativa que está sufriendo la población. Esta Ley establece las competencias que los ayuntamientos tienen que prestar en función de su población y situación financiera y es la causa de la carrera entre Administraciones por pasarse lo que se ha dado en llamar “competencias impropias”, que no son sino los servicios que vienen prestando a la ciudadanía, pero los que ninguna administración quiere hacerse cargo de financiar.

Pero cuando se aprobó esta Ley, denuncia Ménguez, “el gobierno de la Junta de Castilla y Leon, en vez de oponerse a ella, la aceptó. Aunque rápidamente sacó un Decreto-ley, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, que establecía que los Ayuntamientos siguen manteniendo las competencias que tenían”.

Ahora nuestro ayuntamiento con una financiación insuficiente, con un pago de intereses abusivo de la deuda del plan ICO, está buscando que la Junta se haga cargo de las competencias que le están diciendo que son impropias, aunque es la administración más cercana a los problemas y necesidades de la ciudadanía.

Izquierda Unida ha abogado desde hace años por una Ley de financiación local para que los ayuntamientos dispongan de los recursos suficientes para cumplir con las competencias que tienen encomendadas y den respuesta real a las necesidades de los vecinos y las vecinas. Este es el camino”, asegura el Concejal de IU San andrés.

Por eso la única vía a largo plazo, económicamente racional y éticamente justa es, no sólo reclamar a la Junta una financiación de los servicios públicos, sino una Ley de Financiación de la Administración Local para mantener con garantía los servicios públicos, que son un derecho básico de todos y todas, derogar la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de Administración Local, y establecer una política fiscal justa y progresiva.

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