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Artículo de Enrique Javier Díez Gutiérrez (Profesor Universidad de León)

El 23 de diciembre le retiraron la prestación por desempleo a Juan. La inspección de trabajo le encontró haciendo “un chapuz” para sacar un dinero extra y poder comprar un regalo por navidad a sus dos hijos, pues con 664 euros no le daba ni siquiera para llegar a fin de mes.

Juan no sólo ha sido sancionado y ha pasado a engrosar esa tenebrosa cifra de casi 4 millones de personas paradas que no perciben prestación alguna por desempleo y de esos 800.000 hogares sin ningún tipo de ingreso, sino que ha sido estigmatizado y condenado por su entorno social y es uno de quienes se habla como defraudadores de lo público por parte de la patronal y para quienes medios de comunicación conservadores piden más sanciones.

JOSÉ LUIS ULIBARRIMientras, el flamante “empresario” José Luis Ulibarri se pasea por los platós de televisión y las grandes fiestas de Castilla y León, se codea con el presidente de las Cortes de Castilla y León y aparece en las fotos de los grandes eventos públicos con todas las autoridades de la Comunidad Autónoma. El mismo que está imputado en la trama de corrupción Gürtel y que es uno de los grandes defraudadores de este país, que ha aparecido en la lista “Forbes” de Hacienda del ranking de defraudadores de dinero público porque nos debe casi 2 millones de euros.

VictorinoAlonsoEntre esta interminable lista de defraudadores impunes, “aupados” por los medios y admirados por la sociedad, se encuentran los dueños de la Hullera Vasco Leonesa, galardonados con el IV premio “Familia Empresaria” de Castilla y León, que nos ha defraudado más de dos millones de euros. O Coto Minero del Cantábrico, que fue propiedad del conocido “empresario” minero Victorino Alonso, que debe al erario público 3,7 millones de euros tras recibir cientos de millones de fondos públicos, sobre quien, por cierto, han corrido ríos de tinta sobre sus “prácticas empresariales” más propias, según dicen, de la camorra italiana.

PucciLo mismo podemos decir de empresarios que han recibido multimillonarias subvenciones de dinero público como Juan Abelló, Jaime y Emilio Botín o Daniele Pucci para reflotar Antibióticos, que nos debe 4,4 millones de euros. O las empresas de Martínez Núñez que nos deben más de 20 millones de euros. O el empresario bembibrense José Simón Ramos Campazas, que nos debe 4,2 millones de euros de Minas Alto Bierzo, antes del Grupo Viloria.

Podríamos seguir con RMD, empresa denunciada innumerables veces por sus prácticas contaminantes, que debe 2,9 millones de euros. Con Cel Celis, empresa de telemarketing, que no sólo nos debe 1,6 millones de euros sino que tiene una reclamación de 3 millones del Ministerio de Industria por un uso indebido de los fondos del carbón y adeuda fondos al Ayuntamiento de Bembibre por impagos de la superficie que ocupa.

cel celis solar

En este ranking de defraudadores que se pasean sin sanción alguna e incluso siguen protagonizando nuevas “inversiones” y eventos sociales figuran Arturo Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid que nos debe casi diez millones de euros. Dani Pedrosa, campeón del mundial de motociclismo, que nos ha defraudado casi 8 millones. El periodista César Vidal que nos debe 2,5 millones; Mario Conde, 10 millones. Lorenzo Sanz, empresario y expresidente del Real Madrid, más de 1 millón; el denominado “rey del desguace” debe casi 7 millones de euros; los diseñadores Victorio & Lucchino, 2,6 millones.

Hablamos de millones de euros. No de 500 euros de un chapuz como lo que iba a cobrar Juan. Pero Juan fue sancionado inmediatamente y se quedó sin paro y sin ingreso ninguno para dar de comer a su familia y pagar el agua, la luz y la calefacción este invierno. Pero Juan y el hambre de su familia no son noticia. Lo que importa es el glamour de los flashes y los focos de televisión en las fiestas que estos “personajes” financian con el dinero defraudado y saqueado a todos, incluyendo a Juan.

4.855 morosos que nos han saqueado 15.600 millones de euros a los 20 millones de contribuyentes de este país. Con lo que deben estos “flamantes e impunes morosos” se podría haber pagado el 80% de las prestaciones de paro en un año o 10 veces la dependencia o tres veces lo que se dedica a I+D+i.

El problema es que las leyes actuales, refrendadas por el PP y por el PSOE en este país, consagran la impunidad. La impunidad de las grandes fortunas y de los autodenominados “grandes empresarios” de la construcción, la minería o el turismo. Los grandes negocios, que los datos de hacienda parecen demostrar que son los que más se prestan al fraude, y que son el nicho natural de estos saqueadores del país que les condonan y les dan una y otra vez oportunidades para que “regularicen” su situación.

Porque, ¡ojo!, la lista “Forbes de los morosos” no incluye a las más grandes compañías, ni a las mayores fortunas, sino que se centra en empresas grandes o medianas “abocadas a la insolvencia”, que no han podido hacer frente a los pagos con Hacienda ni tienen posibilidades de hacerlo. No aparecen las grandes fortunas que se adscribieron a la amnistía fiscal del PP de 2012, ni los evasores de la lista Falciani, ni las grandes empresas cuyas gigantescas deudas están trabadas en los tribunales. Tampoco figuran las empresas del Ibex ni multinacionales que, gracias a sus filiales en paraísos fiscales y matrices en países europeos, pagan menos impuestos que un autónomo o una pyme. Por eso no encontraremos en este ranking de defraudadores a la familia Botín, pese a que su nombre aparecía en la lista Falciani junto al de la multimillonaria Alicia Koplowitz o el del exmagistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas. De hecho, desde 1977 ha habido un rosario de amnistías fiscales que permite a los grandes evasores ir retrasando la regularización hasta que llegue el “perdón” o prescriba el delito.

El mensaje que transmiten estas políticas y leyes que elaboran PP y PSOE es muy claro: Si saqueas, robas o defraudas dinero público, hazlo a lo grande, que nuestras políticas te ampararán. Esto es lo que parece rezar la legislación para los grandes saqueadores de lo público que, repito, nos deben más dinero que todo el que se necesita para cubrir las prestaciones por desempleo o 10 veces lo que el Gobierno del PP ha invertido en dependencia.

Yo no quiero regalos en estas fiestas, quiero que me devuelvan lo que me han robado”. Pero, parece que más bien, que nos roban por encima de nuestras posibilidades y, encima, seguimos votándoles y manteniéndoles o llegando a acuerdos con ellos para mantener la “gobernabilidad” que perpetúe la impunidad de quienes nos roban los derechos sociales y laborales saqueando las arcas públicas, que son las que los sostenían.

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