Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

Tribuna en el Diario de León

LAURA FERNANDEZ

LAURA FERNÁNDEZ, Concejala Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo

La política que está siguiendo el actual gobierno PSOE-PAL en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo recuerda mucho a la de Felipe González con aquello de ‘Otan, de entrada, no’. En su programa llevaba que jamás entraríamos en la Otan. Era mentira y nos acabó metiendo en esta alianza militar y belicista. Igual pasa con el actual grupo de gobierno de San Andrés. «Recortes de entrada, no» declara la señora Gancedo, mientras lleva a los plenos la exigencia de aplicar los recortes más altos que la ley la permite.

Lo justifica alegando que así lo manda el Plan de Ajuste aprobado en la anterior legislatura, gobernaba por el PP de Chamorro. Y es cierto, así lo recoge el plan de ajuste y por eso Izquierda Unida de San Andrés votó en contra de dicho plan, porque iba a suponer un estrangulamiento para el municipio. Pero la señora Gancedo se olvida que apoyó, aliándose, los planes de ajuste del PP, iniciando la «pinza económica PPSOE». Desde entonces, esta pinza se ha venido manteniendo y consolidando en la gestión municipal del PSOE-PAL en nuestro Ayuntamiento, a pesar que de cara a la galería parezcan estar siempre como perros y gatos.

Cuando la alcaldesa Gancedo defiende el presupuesto afirma, descaradamente, que aunque «no es el más deseado por su carácter austero, se trata del único posible dadas las directrices marcadas por el Plan de Ajuste». Traducido al castellano, significa recortar los servicios públicos, subir impuestos al máximo permitido por la ley e incrementar las tasas a la ciudadanía hasta límites intolerables.

Porque en eso consisten los planes de ajuste diseñados por el PP y aplicados por el PSOE. En nuestro Ayuntamiento se han aprobado tres planes de ajustes: dos gobernando el PP y otro el PSOE-PAL. Parece que son las únicas medidas políticas que son capaces de planificar y ejecutar. Su única política. Porque si en temas sociales pueden discrepar, está claro que en política económica practican las mismas medidas neoliberales.

El primer plan de ajuste, 30 de marzo 2012, establecía medidas taxativas: solo se podrán aprobar medidas que suban los impuestos; los servicios públicos se costearán a través de tasas y precios públicos. Es el «repago», volver a pagar lo que ya se ha costeado con los impuestos. Estos servicios públicos son abastecimiento de agua y alcantarillado, recogida de basuras, servicios sociales y asistenciales (centro de día, ayuda a domicilio y teleasistencia), servicios educativos (centro de educación infantil y escuela de música), servicios deportivos (piscinas) y resto de servicios públicos (expedición de documentos, licencias urbanísticas, entrada de vehículos…).

Todo esto es posible porque el PP y PSOE modificaron el artículo 135 de la Constitución legalizando que por encima de las necesidades de la ciudadanía está el pago de la deuda e intereses a los bancos. La ley no exige responsabilidades a quienes hicieron tan mala gestión malgastando el dinero público y endeudándonos. La ley solo exige que su pago recaiga sobre la población. Subir impuestos y tasas al máximo, para que ese dinero vaya a pagar los intereses de los banqueros. Que mientras exista deuda, aunque el Ayuntamiento tuviera dinero, no se contrate a nadie y no se invierta. Por un lado nos roban los impuestos para dárselo a los bancos, y por otro nos hacen volver a pagar los servicios públicos. PP y PSOE han decidido que nuestros impuestos ya no irán para el mantenimiento de los servicios públicos, que a partir de estos planes de ajuste deben ser pagados por la ciudadanía de forma directa, tasas, al 100%.

Si esto fuera poco, el ministro Montoro, ha impuesto a los ayuntamientos que los préstamos para pagar las deudas tengan que ser a través de bancos privados, a quienes se les dio financiación pública al 0,15%, para que lo presten a los ayuntamientos a intereses mucho más altos. Se consagró así una segunda operación de rescate bancario.

Sin embargo, no se exigen responsabilidades por la gestión política que nos ha llevado a esta ruina. Para PP y PSOE solo la ciudadanía es responsable de pagar la deuda y establecen los planes de ajuste para ello.

Desde Izquierda Unida creemos que sí es posible hacer política de una forma diferente, donde lo primero sean los derechos y necesidades de la ciudadanía, donde la mala gestión tenga responsabilidades.

No se puede permitir que la deuda generada por una nefasta gestión nos hipoteque durante 20 años, en los que no se pueda invertir públicamente en nada. Que no haya dinero ni para arreglar los baches de las calles, ni para políticas sociales, ni culturales, ni educativas. Casas de la cultura sin ordenadores, sin programación cultural, sin renovación de libros. Política para jóvenes sin proyectos, ni alternativas, ni actividades. Políticas de empleo sin ayudas y sin inversión. Colegios con patios que son un peligro para nuestras niñas y niños. Carreteras sin carriles bicis para poder movernos de forma más sana y sostenible. Piscinas cerradas. Edificios emblemáticos, como Araú, sin una inversión mínima que permita su desarrollo. Jardines sin personal para atenderles…

No se puede construir un municipio con futuro con estas premisas. Otro municipio debe ser y es necesario que sea posible.

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