Contacto: iu@iusanandres.es / Tfno: 600498748 — Concejala: Eloina Terrón Bañuelos

  • Izquierda Unida exige que se excluyan y no se consideren a la hora de tomar decisiones los informes del asesor económico de la mancomunidad por conflicto de intereses al representar también a la patronal de los servicios funerarios en la que está integrada la multinacional Mémora.
  • Izquierda Unida pide igualmente que se amplíe de forma urgente el plazo de resolución del expediente para que en ningún caso, ni por activa ni por pasiva, pueda caducar.
  • Izquierda Unida aboga porque se tome la decisión política de una nueva gestión del servicio: la gestión pública y controlada democráticamente

SERFUNLE FIN

Desde Izquierda Unida consideramos que el informe del asesor económico, que al mismo tiempo que es asesor de la mancomunidad es secretario de la patronal de empresas funerarias PANASEF, no es neutral. Esta doble condición puede suponer un auténtico conflicto de intereses que parece que pueda influir en los informes que realiza.

Es sorprendente que advierta que la obligación de indemnizar “continúa siendo objeto de controversia tanto a nivel doctrinal, como jurisprudencial”, pero afirma que si se anula el contrato con la multinacional “conllevaría el abono tanto de los daños emergentes, como de los perjuicios en concepto de lucro cesante”, cifrando la cantidad en 9.704.730 euros (los beneficios que “debería” haber obtenido según su cálculo). Y, aunque asegura que no existe una única metodología para calcular el lucro cesante, lo calcula al céntimo y lo cifra en 7.034.105,24€.

Por todo ello, Izquierda Unida exige que haya otro informe, sobre los efectos de la declaración de nulidad contenida en dicho dictamen, realizado por otro técnico o de forma externa e independiente.

Impedir la caducidad del procedimiento

En segundo lugar, Izquierda Unida considera, por el interés general y la confianza de la ciudadanía en la gestión política que se está haciendo de este tema, que el procedimiento de anulación del contrato no caduque debido a los plazos que establece el procedimiento administrativo. Por esta razón ya el 29 de Julio de 2016 desde Izquierda Unida registramos un escrito para que se impulsara y agilizara el expediente. Por lo que solicitamos que, si es necesario para que no caduque, se amplíe de forma urgente el plazo de resolución del mismo. Pero que no se permita que ni por activa ni por pasiva caduque el trámite.

Indemnización por daño a la imagen de la Mancomunidad

En tercer lugar, Izquierda Unida pide que se plantee la posibilidad de exigir una indemnización por parte de esta multinacional a la Mancomunidad Serfunle, dado que ha dañado gravemente su imagen como servicio público y su buen nombre, perjudicándola seriamente ante la ciudadanía y el coste económico de más de 8 millones que ha supuesto ese canon de gestión, ya que la empresa no se ajustó a los pliegos del contrato.

Además, desde Izquierda Unida considera que se debería plantear igualmente indemnización por incumplimiento de contrato al no haber construido el cementerio de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre en el tiempo y forma establecidoen el contrato, tras más de 13 años, con el consiguiente perjuicio económico y social que ha causado a estos municipios.

Municipalizar el servicio de forma mancomunada

Izquierda Unida por eso vota a favor de declarar nulo el contrato y a favor de la municipalización del servicio. No estamos en absoluto de acuerdo con seguir prestando el servicio con la empresa memora bajo las mismas clausulas, como se propone, hasta que sea firme la declaración de nulidad. Ya hemos visto como se recurren continuamente las sentencias, se aplazan e incluso acaban prescribiendo.

Por eso nuestra propuesta es iniciar el proceso de municipalización de este servicio asumiéndolo de forma mancomunada públicamente, sin concurso de empresas privadas ya que su objetivo es la obtención de beneficios privados, mientras que la finalidad de un servicio público es la prestación de un servicio de calidad.

Sabemos que se ha ido creando toda una maraña de legislación para que este tipo de contratos sean difíciles de romper sin lesionar los intereses municipales que representan a los ciudadanos y ciudadanas de los 3 municipios, pero esto es lo que hay que conseguir, aunque no se pueda hacer de forma inmediata y urgente como debería ser lo lógico en este caso.

Por lo que el planteamiento que se hace desde Izquierda Unida es que se tome la decisión política de una nueva gestión del servicio: la gestión pública y controlada democráticamente.

Izquierda Unida seguirá exigiendo igualmente que se clarifique y depuren todas las responsabilidades que ha conllevado la gestión de este servicio.

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