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-Se dispone de los medios (tanatorio, cementerios…) y sólo hay que negociar el tema del personal para realizarlo. Es, por lo tanto, cuestión de voluntad política. No hay excusas.

El día 4 de octubre, en la asamblea extraordinaria de Serfunle, se presentó el dictamen del Consejo Consultivo y dos informes técnicos. Todos ellos concluyen, como en los anteriores informes, que el contrato hecho con la parte privada (actualmente Memora Servicios Funerarios) es nulo de pleno derecho.

Para Izquierda Unida, ahora solo queda la posibilidad de gestión pública. Es decir, volver a la misma gestión que se venía haciendo anteriormente a que se buscara un socio privado para realizarlo de forma privada.

La gestión pública supondría en principio un gran ahorro para la ciudadanía ya que implicaría seguir pagando una tasa por el servicio funerario y de cementerio, pero ya no tendría que abonarse además el 21% de IVA en los servicios funerarios. El IVA es un incremento del coste importante, ya que si se considera un servicio funerario de 4.000€, el IVA supone 800 € que la familia no tendría que abonar.

También nos ahorraríamos el famoso “canon de gestión”, que ha resultado que no tendría que haberse abonado, y que supone el 10 o 12% de la facturación, más los beneficios de la empresa.

Para devolver este servicio fundamental, pues toda la ciudadanía lo acaba utilizando, a la gestión pública mancomunada, es necesario iniciar de forma inmediata una serie de acciones por parte de la Presidencia de Serfunle. No debemos olvidar que la legislación actual establece que el servicio de cementerio y servicios funerarios es una de las principales competencias de los municipios.

Aquí no vale excusarse con lo del “no se dispone de los medios para ejercer esa competencia”. Cantinela que ya algunos representantes del PP empiezan a utilizar para seguir manteniendo sus políticas de privatización de lo público. Esa competencia se venía ejerciendo con gestión pública hasta el año 2003. Se dispone de los medios (tanatorio, cementerios…) y se dispone del personal con el que habría que empezar a negociar las condiciones laborales de su subrogación. Es, por lo tanto, cuestión de voluntad política. No hay excusas.

La declaración de nulidad del contrato con la empresa privada, que ha determinado el Consejo Consultivo y los dos informes técnicos supondría, según el informe del interventor, entre otras cuestiones, restituir las cosas a la situación anterior a la firma de ese contrato, retomar por parte de la Mancomunidad de Municipios de León, San Andres y Villaquilambre la gestión de la prestación del servicio e iniciar una negociación con los trabajadores para volver a retomar la gestión pública. Ahora solo falta la decisión política para que esto sea así.

Izquierda Unida ya lo planteó en la Asamblea de la Mancomunidad de Serfunle en octubre. Se tienen que iniciar los trámites para hacerse cargo de la gestión, igual que en su momento se hizo con la recogida de la basura.Cuanto más se retrase la decisión y el inicio del proceso, más dinero le costará a la ciudadanía poder usar este servicio fundamental. Ya es hora de que los representantes de los partidos políticos empiecen a pensar más en los intereses de la ciudadanía y en la gestión pública de los servicios públicos.

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